La Corte Constitucional le dio un plazo irrevocable de dos meses al Gobierno Nacional para que hagan un acto de reconocimiento público de responsabilidad por la masacre de Santo Domingo, ocurrida en Tame (Arauca) en diciembre de 1998, dejando 17 civiles muertos.

Al fallar una tutela, la Corte cuestionó que cinco años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado por estos hechos, no se haya dado el acto que ordenó ese organismo internacional.

En ese sentido, le dijo los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores que en aras de realización del mismo deben participar las víctimas pero no tratar de llegar a un acuerdo sobre los hechos por los cuales la CorteIDH emitió su fallo en 2012.

“No se trata de buscar consensos sobre qué es lo que se va a reconocer, pues la Corte Interamericana ya fijó esos parámetros. De lo que se trata es de lograr acuerdos en relación con la forma en que se va a realizar dicho acto”, dice el fallo.

El llamado de atención de la Corte Constitucional al Gobierno agrega que no “esta Corporación no puede abrir la puerta para que en casos posteriores y apoyados por la idea del consenso, se desconozco o se reduzca la responsabilidad del Estado en violaciones a Derechos Humanos que han sido declaras por tribunales internacionales”.

La Corporación Judicial cuestionó que a la fecha y cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontrara responsable al Estado colombiano por esos hechos, no se haya aún hecho dicho acto de reconocimiento.

La Corte Interamericana condenó al Estado Colombiano en este caso al señalar que la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana lanzó un dispositivo clúster (bomba racimo) sobre la zona urbana de la vereda Santo Domingo provocando la muerte de 17 civiles y 27 heridos.

En este caso, la posición de los oficiales que están siendo investigados y de la propia Fuerza Aérea ha informado que la bomba que se arrojó no fue una clúster, sino que la explosión que produjo las muertes fue producto de una bomba que las Farc ubicaron dentro de un vehículo que estaba en una de las vías principales del pueblo.