Investigar a fondo todos los contratos en los que Odebrecht tuvo injerencia y encontrar hasta el último funcionario.
Crimen y castigo
La captura de un ex viceministro y un exsenador, ambos de la costa, acusados por la Fiscalía de recibir millonarios sobornos a cambio de entregar contratos de obra pública en Colombia, es apenas una parte del inmenso entramado de corrupción llamada Odebrecht, que hasta ahora empieza a descubrirse y que deberá llegar hasta las últimas consecuencias.
Lo que ha salido a la luz pública es suficiente para demostrar que la capacidad de corrupción de la firma brasilera Odebrecht, fue la base para convertirla en la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina. Gracias a esa práctica non sancta, que están dejando en evidencia a funcionarios de varios países, la cuestionada firma logró hacerse a millonarios contratos en Brasil, Argentina, Perú, México, Panamá, Cuba, Ghana, Angola, Venezuela y por supuesto Colombia.
Su presidente actual, Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, Norberto Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil por haber pagado más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.
Ese mismo esquema, lo utilizaron en al menos 5 países latinoamericanos; en el nuestro, las investigaciones que adelanta la Fiscalía han permitido dar los primeros resultados, pero aún falta mucho para conocer la verdadera dimensión de este escándalo, que podría convertirse en uno de los más sonados del continente, por las implicaciones para altos funcionarios que fueron sobornados, según ha reconocido la misma empresa ante el Departamento de Estado de EE.UU: altos funcionarios de los 3 últimos presidentes de Perú, de la era Kirchner, de los gobiernos de Martín Torrijos y Ricardo Martinelli en Panamá, cuyo hijo resultó también salpicado.
En Colombia, tras la captura del ex viceministro de transporte y exdirector del Inco, Gabriel García Morales –quien ayer aceptó cargos– y del exsenador Otto Bula, los demás funcionarios implicados, del gobierno de Álvaro Uribe y seguramente también de la administración Santos, tendrán que pagar por sus actuaciones.
¿Habrá más involucrados en el pago de 4,6 millones de dólares a Bula, para lograr que le adjudicaran a la firma la adición del contrato de la vía Ocaña-Gamarra a favor de la concesionaria ruta del Sol?.
Para las autoridades es claro que los capturados no fueron los únicos que recibieron dinero y que parte de estas millonarias sumas fueron a parar a otros bolsillos, que deben ser plenamente identificados, capturados y castigados.
Investigar a fondo todos los contratos en los que Odebrecht tuvo injerencia y encontrar hasta el último funcionario, del nivel que sea, que se haya enriquecido con los sobornos, es una exigencia de un país entero.
Como parte del acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos, la empresa entregará pruebas de los giros ilegales que hicieron a funcionarios en Colombia. Esta información, y el resultado de las delaciones que surjan del acuerdo de cooperación con los funcionarios que pagaron los sobornos y quienes servirán como testigos a cambio de obtener beneficios judiciales serán pieza clave para terminar de esclarecer las responsabilidades.
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