No solo de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. De una muy buena cantidad de esfuerzos frustrados y de esperanzas truncas, también. Y de la hostilidad de la naturaleza.

A Caño Indio y todo lo que significa no ha sido fácil llegar: el camino ha sido un cúmulo de obstáculos inesperados que tienen a Norte de Santander en general, y a la zona de Catatumbo, en la mira de la opinión pública internacional.

Y todo, por razón de la intransigencia expresada a través de líderes sociales a los que fuerzas interesadas en profundizar una raigambre que no tienen entre las comunidades tienen convencidos de que ceder es perder, y del desbordamiento de ríos y quebradas, que impiden cualquier actividad.

Por eso, porque la coca pesa mucho en los intereses de ciertas organizaciones, todo el proceso de paz tiene un bloqueo que inquieta y disgusta: en todo el país, el gobierno ha llegado a acuerdos con los campesinos de las zonas veredales donde se alojarán los guerrilleros de las Farc, menos en Caño Indio.

Toda la intención de hacer las cosas según lo acordado, tanto por parte del Gobierno como de las Farc, tiene en dificultades, por razón del tiempo, a todas las partes involucradas en el desarrollo del pacto de La Habana.

En el resto del país, 90 por ciento de los guerrilleros está “a solo 10 kilómetros de las zonas de desarme”, es decir, de comenzar a materializar una vida de paz por la que todos los colombianos hemos hechos esfuerzos que ojalá no se frustren.

Pero, tenía que ser acá, en Norte de Santander, donde el proceso pacificador se convirtiera en un intrincado cruce de caminos que no llevan a parte alguna. Tenía que ser acá, una de las pocas zonas donde siempre han estado todos los actores de la guerra… Acá, una de las regiones colombianas más martirizadas…

Este miércoles, era imposible llegar por tierra a Caño Indio —además de otras zonas rurales y urbanas—, porque el agua lo cubría todo, lo entorpecía todo. Pero, lo más complicado, tiene que ver con los campesinos puestos a negociar por los reales interesados en el asunto de la coca.

Cuando en todo el país ya hubo acuerdos con cocaleros y raspachines, en el Catatumbo no hay siquiera acercamientos: los campesinos exigen que durante los próximos tres años el Estado les pague tres salarios mínimos mensuales mientras sustituyen sus cultivos (dos años para los raspachines), de lo cual, obvio, no oír quieren en el Gobierno.

De aceptarlo, tendrían que modificar los demás acuerdos —el principio de equidad así lo determina—, y no se dispone de los recursos para ellos. En cuatro veredas de Catatumbo son 200 familias, pero en Colombia son miles…

Otra solución sería establecer la zona veredal de normalización transitoria en lugar diferente de Caño Indio, y enfrentar de otra manera la erradicación de los cocales. Solo que el tiempo apremia, y el proceso no puede desarrollarse en tiempos diferentes, sino al unísono.

De todos modos, si se quiere buscar responsables de lo que está ocurriendo en relación con Caño Indio, no se puede señalar ni a las Farc ni al Gobierno, sino a quienes están detrás de los campesinos y manejan la asamblea comunitaria. A nadie más.