Un total de 33 reos fueron asesinados el viernes en una prisión del norte de Brasil, y a algunos de ellos les arrancaron el corazón y los intestinos, durante una serie de homicidios encabezados por la pandilla más grande del país, señalaron las autoridades.

La masacre ocurre apenas unos días después de que 60 presos murieran durante un amotinamiento en dos prisiones en un estado vecino y ante los crecientes temores de que la violencia pudiera extenderse incluso a las calles de grandes ciudades. Las pandillas compiten por influencia y territorio tanto dentro de las prisiones como en las favelas en donde a menudo se centran sus operaciones de narcotráfico.
 
También se ha convertido en un punto focal para el gobierno del presidente Michel Temer, cuya administración ya lidia con una crisis económica y las crecientes acusaciones de corrupción. Las autoridades en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, señalaron que solicitaron ayuda al gobierno federal en más de una ocasión para enfrentar las crisis en prisión, pero que no se les envió apoyo.
 
"Es una crisis nacional", dijo Uziel Castro, secretario de seguridad del estado en el que ocurrió la más reciente masacre.
 
Castro comentó que la serie de asesinatos comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana del viernes en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en la localidad de Boa Vista. Dijo que fue encabezada por miembros de la Primer Comando paulista, la mayor organización criminal del país.
 
Afirmó que miembros del Primer Comando no atacaron a miembros de una pandilla rival, sino a otros prisioneros, por motivos aún no esclarecidos.
 
"No hubo confrontación alguna, fueron una serie de asesinatos", subrayó Castro. "Fueron actos bárbaros. Algunos decapitados, otros con el corazón y los intestinos afuera".
 
Castro dijo que no se usaron armas de fuego y que no escapó ninguno de los 1.500 internos recluidos en la prisión con capacidad para 700 personas.
 
No quedó claro de inmediato si había alguna relación con los grotescos disturbios de inicios de semana en el estado vecino de amazonas, del que las autoridades culparon a una lucha entre las pandillas rivales del Primer Comando y la Familia del Norte, que se disputan el control de las prisiones y las rutas del tráfico de drogas en el norte de Brasil, a lo largo de las fronteras con Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y Guyana.
 
Un comunicado de la policía señaló que los agentes, incluyendo un escuadrón antimotines fuertemente armado, se desplegó en la prisión.
 
En el momento en que emergen detalles sobre el más reciente disturbio, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes anunció medidas para frenar la ola de violencia.
 
Moraes dijo que la policía federal estará mejor integrada en capitales estatales y se crearán grupos de fuerzas especiales para procesar de manera más veloz los cargos criminales, una medida con el objetivo de reducir el hacinamiento en las prisiones. Moraes no ofreció un plazo para que entren en vigor las iniciativas y dijo que "sería realista" dada la recesión en la mayor economía de Latinoamérica.
 
"La situación no está fuera de control", afirmó el funcionario. "Es solo otra situación complicada".
 
Los disturbios del domingo y lunes en Amazonas incluyen la peor masacre en prisión en el país desde 1992, y la mitad de las 56 víctimas de una institución decapitadas y varios otros desmembrados. En otro de los incidentes ocurridos en el estado murieron cuatro prisioneros.
 
En total, durante los disturbios en las penitenciarías de Amazonas escaparon 184 internos. Hasta la tarde del jueves, solo 65 habían sido recapturados.
 
"El gobierno federal necesita prepararse para el peor de los escenarios y eso significa acelerar medidas para evitar que la situación empeore" dijo el coronel Jose Vicente, un ex asesor de seguridad nacional y consultor de riesgos.
 
En octubre, un disturbio dejó 10 muertos en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, la misma en la que se reportaron los incidentes del viernes. Las autoridades señalaron que ese enfrentamiento involucró a miembros del Primer Comando y el Comando Rojo, que tiene sede en Río de Janeiro. Ese mismo día, otras ocho personas murieron en una prisión ubicada en el estado de Rondonia, en los límites con Bolivia.
 
Tras ese enfrentamiento, Castro solicitó al gobierno federal ayuda con la prisión, de acuerdo a una carta obtenida por The Associated Press.
 
Castro solicitó la presencia de la guardia nacional para ayudar debido a que el traslado de prisioneros considerados líderes de la rebelión derivó en amenazas de represalias.
 
Cuestionado el viernes sobre la solicitud, Moraes dijo que Roraima había solicitado presencia policial para ayudar con el patrullaje de venezolanos que ingresaban a territorio brasileño, aunque eso no es lo que indicaba la carta. Reconoció que no se había enviado el apoyo.
 
Moraes canceló su viaje a Roraima luego de que Castro informara que el estado había solicitado ayuda en varias ocasiones al gobierno federal, y se le había negado. El ministerio de Justicia no dio explicaciones sobre la decisión.
 
"Los criminales intentan matarse unos a otros. Lo que necesitamos es ayuda del gobierno federal", dijo Castro. "Esto ocurre en todo Brasil".