El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, defendió este martes el procedimiento rápido legislativo o también llamado fast track, y le restó importancia a los comentarios que el mismo sólo servirá para que el Congreso pupitrie los proyectos que se tramitarán.

El comentario lo hizo en el marco de un foro que organizó la corporación denominado 'fast track de la paz', en donde indicó que la mejor muestra que será un congreso activo es la ley de amnistía la cual se tramitó incluyendo cuatro modificaciones que fueron pactadas con el gobierno.

Manifestó además que ese mecanismo fue pactado por el propio Congreso de la República, y resaltó que es un mecanismos único y exclusivo para la aprobación de la legislación de la paz.

Por su parte el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, indicó que el fast track se diseñó con el propósito de que los acuerdos se implementen en el menor tiempo posible. “La efectiva implementación de los acuerdos y su relación con el éxito de un proceso de paz se evidencia en los casos de Bosnia, el Salvador e Irlanda del Norte. Por el contrario, los fracasos de procesos adelantados en Angola e India son evidencia de los resultados de la demora en las implementaciones del caso”, señaló Londoño.

Resaltó el ministro que es un mecanismo que estará vigente tan sólo por seis meses, aunque podrá ser prorrogado por seis meses más. Destacó que además el fast track permite que haya un control automático y único de constitucionalidad, el cual realizará la Corte Constitucional.

El senador conservador Eduardo Enríquez Maya, sostuvo que ese procedimiento legislativo trae consigo algunos riesgos grandes, como por ejemplo que estas reformas quedaron blindadas para que no se acepten demandas de parte de la ciudadanía.

Por su parte el presidente de la Comisión I del Senado, Carlos Fernando Motoa, sostuvo que en la agenda de proyectos que se discutirán en los próximos días está el acto legislativo que crea la justicia especial para la paz, el que adiciona un artículo en la constitución que compromete a los próximos tres gobierno a cumplir los acuerdos.

Una reforma más será la que avala la creación del partido político de las Farc, una ley que da un tratamiento jurídico especial a los pequeños campesinos que han cultivado cocaína.