Aunque el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ya fue refrendado nuevamente y su implementación avanza en el Congreso, las demandas en contra del plebiscito siguen su curso en el Consejo de Estado y empiezan a arrojar luces sobre lo que podría ser el desenlace de algunas de ellas.

O por lo menos esa fue la sensación que quedó ayer luego de que la Sección Quinta de esa corporación admitiera una nueva demanda de nulidad electoral, tras advertir que la victoria del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre “fue el producto de la violencia por engaño a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña”.

Esto, al tener en cuenta y darle valor probatorio a la entrevista que concedió el exgerente de la campaña por el ‘No’, Juan Carlos Vélez, en la que admitió las estrategias que usó el Centro Democrático para atraer la atención de los electores y motivarlos a rechazar el acuerdo de La Habana.

Como se recuerda, Vélez reconoció que el mensaje en el que se centró la campaña del ‘No’ fue la indignación para que la gente saliera a votar “verraca”.

“Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia  era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”, señaló Vélez en la entrevista que le costó su continuidad en el partido que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con la magistrada ponente, Lucy Jeanette Bermúdez, previo a la admisión de la demanda se estudiaron cada uno de los hechos que precedieron la jornada electoral y algunos conocidos posteriormente, como la entrevista de Vélez.

Sobre esta última, la consejera de Estado consideró que en sus declaraciones al medio de comunicación, el exgerente de la campaña por el ‘No’, “dio cuenta de cómo crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engaño contra el electorado, lo que produjo el resultado conocido”.

“Los demandantes aseguran que hubo violencia sicológica contra los electores, en el sentido de que se tergiversaron los contenidos de los acuerdos de paz, además de emitirse información falsa”, explicó Bermúdez.

Avanzar en la implementación 

En la admisión de la demanda, la magistrada ponente decretó una serie de medidas cautelares de urgencia dentro del mismo proceso, entre las cuales le pide al Congreso de la República avanzar con la implementación del actual proceso de paz con las Farc, disponiendo de los mecanismos especiales avalados para tal fin, como el ‘fast track’.

De la misma forma, exhorta a la Corte Constitucional, “para que priorice la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016 y en especial sobre el artículo 5 de dicha preceptiva”.