Esa localidad tibuyana seleccionada para ser Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), con el fin de acoger a los miembros de las Farc, en el Catatumbo, se convirtió en botón de muestra de las dificultades que puede enfrentar el proceso de paz y la comprobación de que la firma del acuerdo no era la varita mágica para solucionar en un santiamén problemas de diversa índole, entre ellos, uno que creció y expandió en muchas regiones colombianas: los cultivos de coca.

Lo que está pasando, da la impresión que el Gobierno se centró en sacar adelante todo lo relacionado con la arquitectura jurídica de los acuerdos de paz, pero no se nota el mismo marcado interés en el acondicionamiento de las áreas seleccionadas para las ZVNT. 

Para que en Bogotá el Ejecutivo y las Farc lo sepan, desde Caño Indio salió un mensaje, pero no por vía terrestre, porque está convertida en un lodazal. “Nosotros estamos de acuerdo con que acá se dé eso de las Farc, pues es algo histórico, pero no compartimos que a cambio de eso nos quedemos sin con que sostener a nuestras familias”.

Precisamente ese aislamiento, pues se supo que la carretera fue abierta por la misma comunidad, la presencia de dicha organización subversiva y la poca o ninguna representación del Estado, la convirtieron en tierra cocalera.

Los representantes de quienes viven en esa vereda de Tibú, plantean que así como se la van a jugar por la paz, en el otro lado de la balanza debe hacerse lo suficiente para que haya equilibrio, como lo plantean en una propuesta que se incluye dentro de la alternativa de sustitución de cultivos ilícitos. Esa iniciativa contempla que el Gobierno le entregue a Caño Indio cuatro proyectos productivos fuertes en los que tenga participación toda la comunidad porque según lo expuesto, de esa manera podrían obtener las mismas ganancias que deja la coca. Adicional a eso, hay un pedido para que quienes trabajan raspando que reciban dos salarios mínimos, por 18 meses. Además, que entreguen mercados y bonos canjeables por alimentos, por 36 meses, a las familias que se acojan a este plan de sustitución de cultivos.

Esa vereda, así como todas las veredas afectadas por cultivos ilícitos en el país, el Gobierno ha dicho que serán atendidas por el Estado, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que implica un proceso participativo de identificación de las necesidades de cada zona para lograr la transformación progresiva de sus vulnerabilidades territoriales frente a los cultivos ilícitos.

Pero lo cierto en Caño Indio es que mientras la ‘vía rápida’ para la paz ya empezó a andar y hasta hubo un encuentro entre los irreconciliables Juan Manuel Santos, presidente, y Álvaro Uribe, expresidente, en el Vaticano, a esa vereda ni siquiera fueron hace una semana ni los delegados de la guerrilla ni del gobierno para buscar un entendimiento. Y el plan ‘B’ también está en la baraja. Diego Bautista, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, advirtió que de no llegar rápidamente a un acuerdo, la zona veredal se podría mover a otro sitio.