El hecho de que la cultura de lo ilegal que se ha instaurado en el país, y que en Norte de Santander sea predominante en algunos sectores, no significa, ni mucho menos, que pueda acudirse a ella para justificar hechos realmente aberrantes y ofensivos para la ciudadanía.

Esa cultura explica, sí, los altos niveles de corrupción en todas las esferas sociales, no solo en la pública, donde se ha hecho una especie de medio ambiente.

Es ofensivo, por ejemplo, que hayan sido ignorados los insistentes llamados del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a alcaldes de Norte de Santander para que depuren las bases de datos, a fin de evitar que en el Sisben haya 3.226 colados con sueldos superiores a 3,8 millones de pesos.

Esto, desde luego, no es posible sin que haya una confabulación entre los colados y los funcionarios encargados de alimentar las bases de datos. Es este un caso que tipifica la connivencia corrupta entre el sector público y el privado.

Por ahora, 6.355 colados, incluidos los de los sueldos millonarios, saldrán de los listados del Sisben, ya no obtendrán los beneficios otorgados exclusivamente a los colombianos más pobres, a los más necesitados, a aquellos cuyo patrimonio único es la esperanza.

Pero, tal vez, su conducta merece no solo la sanción moral —que a pocos les afecta—, con la publicación de sus nombres, sino una sanción de la justicia penal, pues están cometiendo fraude contra los intereses del Estado, que es fraude contra los intereses de la comunidad, y eso es un delito.

Además, deberían recibir otro tipo de sanciones, como la imposibilidad de que durante algún tiempo puedan afiliarse al sistema de salud, a fin de que tengan que pagar por él, como quizás les ha tocado hacer a aquellos pobres a los cuales han privado del servicio para atender a los tramposos.

Al fin y al cabo, con salarios de más de 3,8 millones de pesos mensuales, tienen suficiente para pagarse el mejor servicio. Este tipo de sanciones, que afecta el bolsillo, de verdad castiga. A nadie le gusta que le pongan la mano a su dinero.

Y junto a estos abominables seres deberían castigar, también, a todos los que dicen residir en el sector rural, cuando lo hacen en los centros urbanos.

Todos están cometiendo un robo social, como lo calificó el director general del DNP, Simón Gaviria, pues los colados se están aprovechando abusivamente de todos los programas basados en el Sisben, como Ser pilo paga, Adulto Mayor y Más familias en Acción, entre los principales.

Y debiera haber sanciones drásticas para los alcaldes que no han acatado el llamado de Planeación para que depuren sus bases de datos, pues mientras ello no suceda, seguirá habiendo colados y aprovechados de los beneficios estatales, y, además, se continuará fortaleciendo la corrupción, causa de muchos problemas y expresión notoria de la cultura de la ilegalidad.

En situaciones como esta de los millonarios colados en el Sisben, surgen siempre las mismas preguntas, que nunca obtienen respuesta: ¿y los órganos de control qué hacen, dónde están, a quienes controlan y qué? ¿En verdad hay entes de control?