Una medida cautelar suspendió temporalmente el cobro de la controversial plusvalía en Cúcuta, contribución mediante la cual la Alcaldía pretendía recaudar recursos para ejecutar obras contempladas en el Plan de Desarrollo.

Así lo decidió el Juzgado Segundo Administrativo Oral, que al admitir una demanda de nulidad, ordenó suspender un numeral del Estatuto Tributario del Municipio que fijó las tarifas, que riñe con la norma regulatoria.

El despacho judicial comparó los porcentajes estipulados por el artículo 79 de la Ley 388 de 1997 y los que se fijaron por parte del Concejo de Cúcuta en el numeral sexto del artículo 268 del Acuerdo 040 de 2010, encontrando una marcada diferencia.

Resulta que la citada ley solo permite que la tarifa de plusvalía fluctúe entre el 30% y el 50%, límite que no fue respetado por el Acuerdo 040 de 2010 al establecer un rango entre el 22,5% y el 27,5%.

Cuando en septiembre estaba armado el debate por este asunto, Planeación Municipal precisó que se habían recaudado más de $800 millones.

En el auto que decretó la medida cautelar, que suspendió las tarifas, el juez manifestó que si bien existe cierta libertad tributaria a nivel municipal, también lo es que la norma superior, en este caso la Ley 388 de 1997, dispuso límites claros que fueron desconocidos por el acuerdo municipal.

Esta congelación temporal se mantendrá mientras el Juzgado Segundo Administrativo Oral avanza en el trámite de la acción de nulidad, hecho que generó interrogantes entre quienes ya pagaron y de los potenciales contribuyentes a los cuales el municipio  les envió las facturas de cobro.

La respuesta solo la dará la justicia administrativa cuando falle definitivamente en la instancia que corresponda, explicó a La Opinión  un abogado especialista consultado sobre el tema.

Añadió que un acto administrativo suspendido no puede ser aplicado por el gobierno municipal, porque al ser retirado por orden judicial, temporalmente,  del mundo jurídico, todas las actuaciones deberán suspenderse de inmediato, en el estado en que se encuentren hasta tanto no haya decisión de fondo sobre la legalidad de la plusvalía.

En conclusión, los procesos que se adelantan quedarán suspendidos en todos sus efectos hasta tanto el juez no tome decisión de fondo y el municipio debe acatar inmediatamente la decisión,  so pena de desconocer una orden judicial e incurrir en la responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales, precisó el experto.

El cobro de la plusvalía

Recuerde que la aplicación del cobro por plusvalía, en Cúcuta, se hará en cuatro casos puntuales, que son:

- Por cambio en el uso del suelo, es decir, cuando una modificación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) beneficie al usuario en el uso del terreno y le genere un mayor valor.

- Por la incorporación de suelo rural a suelo urbano.

- Por mayor aprovechamiento del suelo, es decir, cuando se hace un cambio en el POT que le permite al propietario mejorar las condiciones y la explotación de su suelo (por ejemplo, que por una actuación del Estado, un ciudadano con un edificio de cinco pisos pueda construir uno de diez).

- Por obra pública, cuando un municipio hace una obra pública que revaloriza la tierra.

Controversia

Desde el inicio, estalló la controversia por los avalúos para el cobro del tributo.