El martes de esta semana, dos días antes de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno  y las Farc, las partes le informaron al país que el Congreso de la República sería el encargado de refrendar el nuevo documento que se suscribió con base en los ajustes propuestos por los sectores del ‘No’.

Días atrás ya el presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista para medios internacionales, había sugerido esta posibilidad, como una de las tres alternativas que tenía en frente para legitimar lo pactado. Las otras dos opciones eran un nuevo plebiscito o un cabildo abierto.

No obstante, la idea de una segunda refrendación popular como la del 2 de octubre, en realidad no encajaba en los planes del Gobierno, no solo por los tiempos que demandaba su organización, sino por el antecedente de los resultados que dieron como vencedor a los sectores de oposición al proceso de paz.

La incertidumbre frente a una nueva derrota, las posibilidades de que la abstención a la hora de las votaciones se mantuviera y la necesidad de llegar a la entrega del nobel, el próximo 10 de diciembre, con el acuerdo firmado, refrendado y en proceso de implementación, pudieron haber tenido peso a la hora de decidir que el camino para  validar el nuevo acuerdo sería el Legislativo.

Como muchos otros aspectos que han rodeado las negociaciones con las Farc, la idea no tardó en dividir las opiniones y el debate hoy no es otro que la legalidad o no de esta determinación.

Lo cierto es que más allá de las opiniones a favor o en contra que se den sobre el asunto, de por medio está la carrera presidencial de 2018 la cual, de seguro, como sucedió con Andrés Pastrana, Álvaro Uribe en sus dos periodos, y la reelección de Juan Manuel Santos, las Farc serán el eje que conduzca  a la Casa de Nariño, al nuevo mandatario de los colombianos.

Decisión polémica, pero segura

Mauricio Jaramillo, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, considera que el punto final a la discusión con los representantes del ‘No’, fue una clara estrategia del presidente  Santos y una manera de evitar incurrir en una nueva “campaña de juego sucio”, como la que se presentó, previo al plebiscito del 2 de octubre.

Pero esa no es la única razón que habría tenido el jefe de Estado para optar por llevar al Congreso los acuerdos. La celeridad es otra de las razones.

“En el limbo hay recursos económicos. Se habla de 450 millones de dólares por parte de Estados Unidos, 400 millones de euros de la Unión Europea, 90 millones de dólares para el desminado y sume a eso la incertidumbre por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump”, advierte Jaramillo.

Ante la incertidumbre que puede darse por el escenario internacional y la fragilidad del cese al fuego, Jaramillo considera que la decisión de llevar al Congreso el acuerdo es pertinente, a pesar de las ampollas y los duros debates que se darán. “En este caso hay que sopesar el deber del presidente de mantener el orden público y la seguridad”, dice el docente, para quien esta determinación es coherente con las funciones que debe cumplir el mandatario de los colombianos.

El analista cree que la discusión en adelante ya no será si era conveniente o no que el Legislativo validara el nuevo acuerdo, sino cómo se va a garantizar su aplicación e implementación en el gobierno que se elija en 2018.

Javier Garay, consultor de Estrategia y Poder e investigador de la Universidad Externado de Colombia, dice que en este caso lo que se aprecia es la necesidad de llegar al final de un proceso que, “aunque parezca algo arbitrario por la forma como se dio”, seguro va a tomar muchos años para que quienes no estén de acuerdo, den vía libre a lo acordado.

Garay opina que la posición asumida por los dirigentes del ‘No’, es producto de un cálculo político, pues esperaban llevar el proceso hasta las elecciones de 2018 y así obtener ventaja. “Lo que seguramente hizo Santos fue quitarles esa ventaja”, añade Garay, tras asegurar que la idea de refrendar los acuerdos vía Congreso, a pesar de ser una imposición, era necesaria.

“Los del ‘No’ nunca van a quedar satisfechos, hasta no tener una ganancia política. Ese es el foco que debe tenerse ahora”, señala el especialista.

Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado, opina que la decisión adoptada en la noche del martes y anunciada por los  voceros del equipo negociador mediante un comunicado conjunto, era la única salida que tenía el Gobierno Nacional debido a la encrucijada y la dilación propuesta por la oposición.

Para el experto, en 2017 los cambios en el entorno internacional harían mucho más difícil el camino del acuerdo de paz. Y es que según Garay, los relevos en Naciones Unidas y en Estados Unidos, seguramente afectarán la implementación del acuerdo, tanto en lo político como en lo económico.

“El Gobierno de Santos se va por la refrendación de los acuerdos en el Congreso debilitando su institucionalidad, aumentando la polarización política que se va a acentuar en los próximos años, y seguramente dándole de paso un aval a la candidatura presidencial de la derecha, que ante esta decisión argumentará que es el candidato para el 2018 y quien seguro tendrá mayor fuerza que cualquier otro oponente del centro o de la izquierda”, señala el especialista.

El mismo cálculo político de cara a las elecciones de 2018 hace Germán Sahid, docente de la Universidad del Rosario, quien considera que lo hecho por Santos fue “abrir una caja de Pandora muy peligrosa”.

Para este analista, la decisión de cambiar la refrendación de un plebiscito a un trámite en el Congreso rompe el esquema que fue aceptado en La Habana.

“Esto pone en entredicho la estabilidad institucionalidad y hasta la estabilidad del mismo acuerdo, inclusive pone en bandeja de plata la presidencia de 2018 para dársela al uribismo”, dice Sahid y asegura que esta es una estrategia que más que pensar en el acuerdo, es un asunto político.

“Santos lo que quiere es no llegar a Oslo el 10 de diciembre para recibir el premio Nobel de paz, sin nada. Aunque es claro que llegará sin nada, porque aún faltan procesos legales en el Congreso y en la Corte Constitucional”, señala.

En criterio de Sahid el afán del Gobierno puso a Colombia en un limbo institucional, por lo que calificó como un “error garrafal” la decisión del martes, “cuando incurrió en una “imposición súbita” que extenderá la incertidumbre y el limbo político, al menos, tres años,

Contrario a muchos, el analista Rubén Sánchez advierte que la decisión de Santos está entre la órbita de sus competencias. De la misma manera, rechaza el que se considere al Congreso de la República como ilegítimo para aprobar los acuerdos, pues asegura que de ser así, Senado y Cámara no deberían tener a su cargo el estudio de una  reforma tributaria u otras normas.

“Lo cierto es que vienen dos años de campaña presidencial y en ese escenario lo último que se hace es pensar con la cabeza fría”, añade Sánchez, para quien es claro que a Santos no le quedaba otra salida.

Por ahora, lo único claro es que el balón ya está jugado y se encuentra en la cancha del Congreso, quien se espera esta semana refrende con un amplio apoyo el contenido de lo que se pactó en Cuba y le de paso a la implementación.

La oposición por su parte, seguirá insistiendo en que el contenido del acuerdo va en contra de la Constitución y las instituciones, y deja al país sumido en la impunidad. Discurso con el que, dicho sea de paso, comenzará a consolidar su campaña presidencial.