Ya está listo el nuevo acuerdo de paz con las Farc y ahora lo que se espera es la socialización del acuerdo con los promotores del ‘No’ y con los colombianos para que se dé la esperada implementación. ¿Pero qué tanto cambió el acuerdo?

Colprensa comparó las cerca de 17 modificaciones anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos con el acuerdo de Cartagena firmado el pasado 26 de septiembre y se ve que en mayoría los cambios parecen ser aclaraciones; el punto de Justicia sería el que más sufrió cambios; y que persistirá la discusión sobre la elegibilidad política de las Farc.  

La reparación

En el acuerdo de Cartagena se mencionaba medidas de reparación integral entre las que se planteaba: “asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables, en el marco de la implementación de los demás acuerdos”.

Sin embargo, aunque por parte de los negociadores del Gobierno siempre se resaltó que habría reparación material por parte de las Farc, no había una mención tan clara como la que se incluiría en el nuevo acuerdo, según lo anunciado.

“Uno de los temas que más reclamaron los colombianos era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible para reparar las víctimas. Eso se logró. En el nuevo acuerdo, las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas”, dijo el presidente Santos durante este sábado.

Penas efectivas de la libertad tendrán especificaciones

Sobre las penas efectivas de la libertad en el acuerdo original se proyectaban según la situación, si decían la verdad o no,  pero no se especificaban las condiciones.

Ahora: “El Tribunal debe fijar en cada caso: Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización); los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas; establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción; imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción”.

En ese punto, también se abren las puertas a que el tiempo en  el que los guerrilleros que se acojan al acuerdo pasen en las zonas veredales se cuente como parte de la sanción si en ese periodo realizan actividades de reparación.

Ahora hay tiempo para la jurisdicción especial de paz

Otro de los temas que no estaban especificados y que se habían dejado en el aire dentro del acuerdo del 26 de septiembre, era el tiempo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, se especifica que solo durante los 2 primero años se recibirán las solicitudes de investigación  y funcionará por 10 años. Una propuesta que planteó el expresidente Andrés Pastrana.

Las ONG no actuarán como fiscales

Además, se hizo la claridad que las Organizaciones No Gubernamentales no podrán actuar como fiscales, pues en acuerdo se planteaba anteriormente que en la Sala de Reconocimiento de la Verdad, se recibirían los informes de estas organizaciones juntos a los de organismos como la Fiscalía.  Ahora, podrán presentarlos pero será “información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal”.

Los magistrados serán colombianos

También se modifica esto: “La JEP estará compuesta por Magistrados colombianos, aunque podrá contar con una minoría de magistrados extranjeros. Los Magistrados serán altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del derecho. Los magistrados serán elegidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana”.

En el nuevo acuerdo todos los magistrados serán colombianos, pero se mantendrá la figura de expertos extranjeros quienes podrán emitir conceptos sobre los diferentes casos sin la posibilidad de votar.

Los terceros

También se modificó lo que fue interpretado como una “cacería de brujas”, por las investigaciones a terceros que participaron de manera indirecta en el conflicto.

“Ese temor quedó totalmente disipado y los empresarios satisfechos. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria”, dijo el presidente Santos.

Así pues, se les daría acceso a un proceso judicial más rápido, y garantías de no persecución criminal.

Se respeta la propiedad privada

Uno de los principales ejes del acuerdo en el punto de la Reforma Rural es el Fondo de Tierras en el que se sumarán hectáreas para los campesinos que no posean o tengan insuficiente tierra. Una de las fuentes de para adquirir los primeros 3 millones de hectáreas eran las expropiadas.

Según los negociadores, este planteamiento se hacía según la ley, pero para disipar dudas se hizo aún más específico resaltando el respeto por la propiedad privada.

El catastro

En los anuncios hechos sobre el nuevo acuerdo, también se habla de la creación de una comisión de expertos para revisar algunos temas sobre la legislación agraria. Temas que dijo el presidente Santos, no trata el acuerdo, pero que tras el plebiscito vieron la necesidad de tratar.

Sobre el catastro que se contempla dentro de un Sistema General de Información Catastral, Integral y Multipropósito en el acuerdo original, se elimina del nuevo los efectos de avalúo que ese pueda tener.

“El catastro –fundamental para formalizar la tierra—no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras”, dijo el presidente.

Así mismo, se especificó: “que no se autorizaran nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas”.

Los recursos

En el acuerdo de Cartagena se plantearon metas como la de eliminar la pobreza extrema en las zonas rurales durante los próximos 10 años, lo cual implica una serie de inversiones que preocuparon a muchos por su viabilidad. Por ello se amplió ese tiempo y se condiciona todo a la sostenibilidad fiscal.

“Para dar tranquilidad, se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno”, dijo el presidente.

Las 16 circunscripciones de paz no serán para las Farc

En el punto de participación política, se especificó que las 16 curules contempladas para las personas que residen en las zonas de conflictos no se podrán otorgar para las Farc.

Originalmente se decía en el acuerdo que a ellas no podían aspirar los partidos tradicionales y por ello se concluyó que serían para el grupo guerrillero, por lo cual ahora se expresaría literalmente que el partido que surja de la reincorporación de las Farc no podrá inscribir candidatos para esos puestos.

Se redujo la financiación para el partido de las Farc

Según el primer acuerdo, desde el día de registro del partido de las Farc hasta el 19 de julio de 2026, recibirán anualmente la suma equivalente al 10% de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.

También se les asignará el 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos hasta el 19 de julio de 2022 y ayudas en las campañas electorales.

Ahora,  eso disminuiría, pues el nuevo acuerdo plantea la reducción desde el primer año en un 30% para que haya igualdad con las demás colectividades.

La protesta social

En el acuerdo firmado en septiembre se establecían  garantías para la movilización de las protestas y para ello se plantea la necesidad de modificar las normas actuales que se aplican al respecto. Ahora, con la renegociación, se especificaría que la protesta social debe ser siempre pacífica y que el Estado debe proteger los derechos de todos los ciudadanos.

Lo anterior, ante la preocupación de promotores del ‘No’ como Marta Lucía Ramírez, quien afirmó que podrían ocasionarse diversos problemas al dejar abierta de alguna manera la incitación a la protesta social sin controles.

La reincorporación

Para la reincorporación de los desmovilizados de las Farc se creó  en La Habana una Comisión de Protección y Garantías de Seguridad en la que se incluía la participación de la guerrilla, pero en el nuevo acuerdo, esa última se eliminó.

“Se eliminaron también las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada”, anunció este sábado el presidente.

Narcotráfico

En este punto, se daba énfasis a la visión de derechos humanos sobre el tratamiento de los consumidores de drogas, se planteaba un cambio al tratamiento de los campesinos que las cultivan y se resaltaba la erradicación manual. Esto al parecer continuará igual pero en especial con dos cambios.

El primero es que se subraya que el Gobierno mantiene todas las herramientas para erradicar cultivos ilícitos, como lo es la fumigación. El segundo tiene que ver  con que para la lucha contra el consumo de drogas se suma el papel de la familia y de los grupos religiosos.

El bloque de constitucionalidad

Como parte de la seguridad jurídica del acuerdo, se había establecido que luego de elevarse el documento a acuerdo especial, éste sería incluido en el bloque de constitucionalidad únicamente para ser referencia de las leyes que aplicaran lo acordado, lo que no le agradó a muchos sectores. Por eso, ahora se elimina esa posibilidad.

El enfoque de género

En todo el acuerdo firmado en Cartagena, se hacía mención sobre el enfoque de género con ánimo de resaltar la igualdad y el respeto para la construcción de paz. Sin embargo, el enfoque fue estigmatizado por la denominada “ideología de género”.

Por lo anterior, ahora se haría la especificación de que el mencionado enfoque se refiere al tratamiento especial que deben recibir las mujeres como principales víctimas del conflicto armado.

Paro así mismo, se incluyeron “principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto”.

La elegibilidad política de las Farc continúa

Dentro de todos los temas que se habrían dejado intactos con ánimo de lograr un nuevo acuerdo rápidamente, también quedó sin modificaciones la elegibilidad política de las Farc que tanto han criticado, así que este punto parece ser nuevamente el centro de la discusión.

“Para ser claro –dijo el primer mandatario tras la firma del nuevo acuerdo-, no tendrán curules a dedo. Al contrario, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno, como ha ocurrido en muchos otros casos. Pero si podrán ser elegidos”.

Por lo cual, en el nuevo acuerdo se seguirían garantizarán cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Claro está que si por la vía democrática, es decir con votos, el partido de las Farc obtiene tres puestos en el Senado, se le darán dos extras y en el caso de que no logre ninguno ni en Senado ni en Cámara, se le darán las diez en total.