Los derechos de los trabajadores colombianos continúan siendo vulnerados por empresas que se pasan por alto la normatividad vigente en el país.

Durante los primeros nueve meses de 2016, las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo a las compañías aumentaron un 38,7%, llegando a $108.162 millones, una cifra que en igual periodo del año anterior se ubicó en $78.000 millones.

La ministra de Trabajo, Clara López, indicó que solo entre mayo y septiembre de este año, “se han impuesto 988 multas a 917 empresas por un valor de $87.000 millones”. Este resultado, además de alarmante, representa un incremento de 122% en relación a igual periodo del año anterior.

Entre las empresas con mayores sanciones aparecen Preintermotor Cooperativa de Trabajo Asociado ($3.447 millones), Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá, Coomotor ($3.447 millones), Ocupar Temporales (3.185 millones), Clínica Marly ($3.185 millones), Cencosud Colombia S.A. ($2.827 millones), Indupalma ($2.757 millones), Drummond ($2.069 millones), Gecolsa ($2.069 millones), Dimantec ($2.069 millones) y Carbones del Cerrejón Limited ($2.069 millones).

“Más que la multa se busca corregir la situación. En el caso de la formalización,  para las empresas con casos de intermediación tenemos un programa en el que mediados por el Ministerio y sus sindicatos se les suspende la multa en función del cumplimiento de las normas legales”, destacó la jefe de la cartera de Trabajo.

Según el reporte entregado por López, la tercerización ilegal, es decir, la contratación de personas mediante cooperativas de trabajo asociado (CTA) o precooperativas de trabajo asociado (PCTA), es la principal causante de las sanciones, con $56.752 millones. Los castigos por esta modalidad crecieron un 277% en relación a los 15.043 millones que se dieron entre enero y septiembre de este año. 

Al respecto, la ministra recordó que la tercerización es una modalidad que está totalmente prohibida por la ley.

La segunda mayor infracción que cometen las empresas es el no respeto a las normas propias de la contratación laboral. En este sentido, se destaca por ejemplo que a los trabajadores no se les cumpla con el pago de los aportes al sistema de seguridad social,  ni se les responda por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Por estas causas, las empresas tendrían que pagar 13.766 millones, una cifra inferior a los $18.144 millones alcanzados en iguales meses de 2015.

La ministra indicó que la  idea de las multas es corregir y que las empresas se acojan a la normatividad.