Arbey Vásquez Díaz, de 40 años; Enilson Caballero Vásquez, de 44; Luis Carlos Rodríguez Perdomo, de 36, y Albeiro Caballero Vásquez, de 42, fueron condenados este martes a 64 meses de prisión.

El pasado 21 de mayo, los cuatro hombres fueron sorprendidos en medio de plantaciones y un  laboratorio artesanal para el procesamiento de coca, tras un desplazamiento del Ejército desde el corregimiento de La Gabarra (Tibú), hacia la vereda Las Gaviotas.

Los militares llegaron en la madrugada al sitio, donde encontraron 100 galones de gasolina, recipientes plásticos, cemento, una gramera, una balanza, bolsas plásticas y 10 kilos 846 gramos de cocaína, lista para comercializar. Además de otros insumos sólidos y líquidos propios para la fabricación del alcaloide.

Los detenidos fueron trasladados en helicóptero a Cúcuta y presentados ante el Juzgado Primero Promiscuo de Villa del Rosario. La Fiscalía les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Según se conoció, todos trabajaban como raspachines en dicho laboratorio, del cual no se precisó a qué grupo delincuencial pertenecía.

Preacuerdo

Aunque inicialmente los cuatro hombres no aceptaron los cargos, el 8 de junio llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar su responsabilidad, en calidad de cómplices, a cambio de eliminar el agravante del delito, lo que representó un considerable descuento en la pena.

Dicho preacuerdo fue aprobado por un juzgado especializado de Cúcuta que los sentenció, además, a pagar una multa de 667 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado.

En el trascurso de la audiencia, la defensa de los cuatros hombres solicitó la detención domiciliaria, argumentando que tres de sus clientes eran padres cabeza de familia y otro tenía a cargo económicamente a su madre.

Sin embargo, dicha petición fue negada por el Juzgado, en razón a que tanto los años de condena, como el tipo de delito no permiten la concesión de este beneficio.

Al término de la diligencia, los condenados quedaron a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los trasladó a la cárcel de Cúcuta, donde deberán pagar la pena impuesta.