El Gobierno Nacional y las Farc empezarán a discutir desde la semana entrante las diversas propuestas que han recibido para renegociar los acuerdos de paz, entre ellas las del uribismo.

Uno de los puntos de acercamiento que dejó el uribismo es aceptar que se puede tomar la base del documento negociado con las Farc para hacer los cambios. “Se debe explorar la posibilidad de materializar un entendimiento político que tome los acuerdos anteriores como un punto de partida para introducir correcciones y edificar un acuerdo que permita la unidad de la nación”, señala el Centro Democrático.

Advierten, eso sí, que “no es correcta la aproximación según la cual los Acuerdos de La Habana constituyen un Acuerdo Especial a la luz del DIH, y por ende ya se encuentran incorporados a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Bloque de Constitucionalidad. Al haber sido rechazados por la soberanía popular han quedado sin los efectos jurídicos pretendidos por el Gobierno y las Farc”.

Sobre la reforma agraria implícita que quedó en el Acuerdo Final de Paz de La Habana, dice el uribismo que “debe ser verdaderamente integral e inclusiva. Sin menoscabo del énfasis que se le quiera dar a la economía campesina, familiar y comunitaria dentro de un producción familiar de búsqueda de equidad, una reforma integral debe reconocer la existencia de la producción empresarial de mayor escalas, su importancia dentro del desarrollo rural y la economía nacional, y la también obligación del Estado de promoverla dentro de condiciones establecidas”.

Plantean temas en los que el gobierno y Farc ya han hecho aclaraciones y muy seguramente la recomendación se acoge, que se respete el derecho a la legítima propiedad privada.

Con respecto a la selección de los beneficiarios del Fondo Gratuito de Tierras, y de los beneficios subsidiarios (subsidios, capital semilla y el acceso a otros programas socio económicos) sostienen que debe obedecer a criterios objetivos definidos en la ley.

“En ningún caso las Farc, a través de organizaciones en los territorios de su influencia, puede tener participación directa o indirecta en la selección de beneficiarios”, sostiene el uribismo, este punto, puede ser concertado.

En el punto de participación política hay cercanías y temas que no parecen serán concertados. El uribismo señala que la participación comunitaria de ser el resultado del ejercicio de un derecho, que no puede convertirse en un mecanismo de control social y territorial de las Farc en el posacuerdo.

Sobre el tema del Estatuto de la Oposición, el Centro Democrático plantea que es necesario corregir la redacción del acuerdo para que sea una prioridad nacional, donde todas las fuerzas políticas participarán en igualdad de condiciones.

Un tema que podrá generar discusión entre Gobierno y Farc es la petición del uribismo que  la participación de todos los partidos políticos en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz debe ser el criterio general, “inclusive permitiendo que quienes ejerzan las candidaturas sean prioritariamente víctimas de la violencia en dichas zonas. Es excluyente habilitar zonas electorales vetando la presencia de las fuerzas políticas con representación en el Congreso”.

También se prevé que se ajustará la propuesta de una Reforma al Sistema Electoral, el cual para el uribismo debe recaer en el Congreso de la República con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, la academia y organismos internacionales Especializados, “cualquier Comisión de Expertos que se cree con ese fin debe ser constituida por el Congreso de la República”.

Dicen que el partido político de las Farc no debe tener beneficios excesivos, sino contar con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos y movimientos políticos registrados en el país. “Las tres vocerías transitorias que tengan las Farc en Senado y Cámara u otras corporaciones, para la discusión de normas relacionadas con la implementación de los Acuerdos, no podrá estar en cabeza de personas condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves, con la excepción de delitos políticos o culposos. La misma característica para las curules especiales que se otorgarán por ocho años a las Farc en el Senado y la Cámara de Representantes.

El punto del narcotráfico es donde empiezan los distanciamientos. El Centro Democrático indica que debe mantenerse con toda claridad el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga, en lugar de adoptar una nueva visión basada en el tratamiento distinto y diferenciado.

“La nueva política debe diseñarse sobre la base del enfoque integral y equilibrado, que no se opone a buscar alternativas basadas en la evidencia, ni al enfoque general de derechos humanos y salud pública, ni a las buenas prácticas, ni a las recomendaciones de expertos”, proponen en concreto.

Y como es claro desde siempre, el tema de la Justicia Transicional es donde más distantes están Gobierno y uribismo, de ahí que no se afácil encontrar ajustes.

En primer lugar, dice que se debe tener un Tribunal Transicional, el cual sólo tendrá competencia sobre particulares y miembros de la Fuerza Pública si estos se presentan de manera voluntaria.

Proponen que se deben otorgar “los beneficios más amplios posibles consistentes en reducción de la pena, la más temprana libertad condicionada que se permita y revisión de sentencias para rescatar el honor, que no constituyen impunidad, a los miembros de la Fuerza Pública condenados o investigados, de manera independiente a lo acordado con las Farc”.

Piden modificaciones en el artículo 38 del Acuerdo de Justicia porque abre la puerta para amnistiar el asesinato de soldados y policías apelando a la figura de “muertes en combate” a la luz del DIH; mientras que en el artículo 39 sostienen que abre la posibilidad para que el secuestro de soldados y policías sea un delito amnistiable bajo la figura de 'Aprehensión de combatientes en operaciones militares' y que ese punto extiende la amnistía de manera amplia a todas las conductas por facilitar, apoyar, financiar y ocultar la rebelión.

Plantean que se “abre la puerta para que los máximos responsables de Crímenes de Lesa Humanidad que digan toda la verdad no tengan pena carcelaria o medida equivalente. Tal como está el artículo se viola el artículo 77 del Estatuto de Roma. Por supuesto, en aras de un acuerdo se pueden explorar penas carcelarias reducidas y en condiciones de reclusión alternativas como las colonias agrícolas”, dice el documento.

Una propuesta más del uribismo es crear dentro de la jurisdicción ordinaria unas salas especializadas que se denominarían Cortes para la Paz, las cuales orgánicamente estarían adscritas al Tribunal Superior de Bogotá. Este sería un punto más de profunda discusión.

La aceptación de estas propuestas apenas la empezará a discutir el Gobierno y las Farc desde la semana próxima.