El Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud y Educación, el Congreso de la República, la Academia y las Sociedades Científicas del país, definieron el borrador del proyecto de ley por medio del cual se regula la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.

Se trata de un texto de 18 artículos divididos en cinco capítulos, que tiene por objeto prevenir daños a la salud como consecuencia de engaños y estafas de médicos inescrupulosos.

La propuesta es que estas intervenciones quirúrgicas sean consideradas como un tema de salud pública para reducir los riesgos. Por ello obliga a los médicos y a las IPS que las practiquen a comunicar al paciente las complicaciones y las consecuencias que tienen para la vida y la salud de las personas, así como a reportar a las autoridades sanitarias los casos de muerte y los eventos adversos derivados de ellas.

El articulado también obliga a hacer más exigente y detallado el consentimiento informado. Esto significa que el paciente tendrá que conocer, de manera explícita y consiente, los riesgos a que se expone, el tipo de medicamentos e insumos que van a usar, las alternativas existentes para lograr el fin estético deseado y cómo se garantizará la continuidad en el postoperatorio. También exige una valoración psicológica del paciente, que debe quedar consignada en dicho consentimiento.

El proyecto prohíbe y castiga la publicidad engañosa y los llamados ‘combos’ mediantes los cuales se ofrecen cirugías a menores, promociones de precios, o campañas que sugieran éxito total de la operación.

La nueva norma también obliga a médicos cirujanos y esteticistas y a las IPS contratar pólizas de seguro para cubrir los costos derivados de accidentes en las intervenciones.

Igualmente, se establece que para realizar cirugías plásticas de carácter estético será obligatorio que el médico tenga título de especialista y que estos profesionales estén inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Runthus).