El fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que los integrantes de las Farc deberán informar sobre los bienes obtenidos de manera ilícita por parte de esa guerrilla, antes de que entre en plena vigencia el acuerdo de paz.

Desde el ente acusador advierten que los delitos que sean cometidos luego de que la guerrilla se acoja a lo pactado en La Habana, serán investigados por la Fiscalía, esto incluye la posesión de bienes obtenidos de actividades como el narcotráfico, y otras actividades delictivas.

“El patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado, sin perjuicio del deber de las autoridades y particularmente de la Fiscalía, de extinguir a favor de la Nación el dominio de tales bienes, debe tenerse presente que cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos”, explicó.

En ese sentido, desde la Fiscalía aún no hay claridad de la fecha exacta en la que será la entrada en vigencia de los acuerdos. 

Por el momento el ente acusador continuará con las investigaciones contra la guerrilla, sin embargo, las órdenes de captura seguirán levantadas.

“Se entregará oportunamente al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado y velará celosamente porque sea efectivo el derecho de las víctimas a la no repetición”, dijo el jefe del ente acusador.

Martínez fue claro en indicar que los delitos de ejecución continuada, como el reclutamiento de menores, y la conservación de plantaciones ilícitas deberán cesar luego de la entrada en vigencia de los acuerdos, dado que de lo contrario serán investigados por la justicia ordinaria. “Todo delito que se consume con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas y de procedimiento ordinario”, indicó.

Pesar por la muerte del padre Izquierdo

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de un comunicado, lamento la muerte del sacerdote jesuita Gabriel Izquierdo Maldonado, ocurrida el 25 de septiembre, en una clínica de Bogotá.

“La Oficina hace un reconocimiento público del inmensurable trabajo en derechos humanos y por la paz realizado por el padre Gabriel Izquierdo, durante toda su vida”, indicó.

Bogotá | Colprensa