El presidente Juan Manuel Santos sostuvo este lunes la reunión de instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual se creó en el marco de los acuerdos realizados en La Habana, y anticipó que sería activada antes de la entrada en vigor de los acuerdos.

Según el acuerdo final, esta comisión tiene como objetivo “el diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución”.

La Comisión está conformada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el ministro de Justicia, Rodrigo Londoño; el fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el director de la Unidad Especial de Investigación que hace parte del punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

También está el comandante general de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez; el director general de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto; y, el presidente Juan Manuel Santos preside la mesa.

Pero el grupo político que surja de las Farc también debe hacer presencia y como todavía no se ha hecho el proceso dos representantes por el grupo guerrillero que escogieron la mesa, cumplirán con su papel: Jaime Caicedo, miembro del Partido Comunista Colombiano y Camilo González Posso, el exministro de Salud del Gobierno de César Gaviria.

A la Comisión asisten también dos representantes de las plataformas de Derechos Humanos y se podrán invitar miembros de partidos políticos y organismos nacionales e internacionales que tengan presencia en el territorio colombiano.

Funciones

a. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo.

b. Formulará y evaluará el plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

c. Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

d. Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal.

e. Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo.

f. Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes;

g. Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

h. Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

i. Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos.

j. Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

k. Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la 'Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición' y a la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

l. Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de Inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

m. Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo.

n. Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.

o. Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.

Bogotá  | Colprensa