De 9 a 12 años contemplaba la pena para dos hombres, a quienes sorprendieron con una pistola ilegal, en una moto. Sin embargo, ambos se allanaron a los cargos a cambio de una rebaja en la pena, quedando en definitiva en 4.5 años de prisión (domiciliaria).

Se trata de Carlos Uriel Quintero Rodríguez y José Bienvenido Atencio Avendaño, detenidos el 24 de mayo de 2016 cuando se desplazaban en la madrugada en una moto Suzuki GN, por la calle 9 con carrera 7 del barrio Divino Niño, en Tibú.   

Según relató el organismo investigador, una patrulla de la Policía observó la moto sin placa, en la que iban los dos hombres, y procedió a darle la orden de pare. Sin embargo, al notar la presencia policial, emprendieron la huida.

En la ruta de escape, el parrillero lanzó el arma a un lote, pero metros más adelante fueron alcanzados por las unidades policiales y recuperada la pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y cuatro cartuchos.

Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, naturales y residentes en Tibú,  fueron presentados ante un juez de control de garantías que legalizó sus capturas y les impuso medida de aseguramiento en prisión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Preacuerdo

En vista de la captura en flagrancia y del material probatorio en su contra, Quintero Rodríguez y Atencio Avendaño llegaron a un preacuerdo con el ente investigador, acogiéndose a sentencia por vía abreviada.

Ambos aceptaron su participación en el delito imputado y la Fiscalía degradó su participación de coautores a cómplices, lo cual les redujo considerablemente la pena. 

Dicho preacuerdo fue aprobado ayer por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta que los sentenció a la pena acordada. El juzgado accedió ante la solicitud de la defensa de concederles la casa por cárcel.

Tanto la procedencia como el destino del arma de fuego no fueron materia de debate probatorio en este juicio. Quintero Rodríguez reportaba una condena prescrita de 48 meses de prisión, por tráfico de estupefacientes. 

La Opinión