Poco se sabe, aunque muchos se dice, sobre los acuerdos que serán sometidos a refrendación de los colombianos el próximo 2 de octubre, día en que además de definir la suerte del plebiscito que validaría los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, se definirá seguramente el pulso político trenzado entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos.

De lado y lado se habla de mentiras y en los escenarios menos extremos se refieren a los 'sapos' que habría que “tragarse” en caso de darle el sí al plebiscito. Acá algunos de los puntos que más ampolla causan, con las críticas que de ellos se hace desde distintos sectores, y las razones en las que se funda el Gobierno y el equipo negociador para justificar la necesidad de darles vía libre.

1. Cese al fuego bilateral y definitivo

Crítica: En uno de sus acostumbrados trinos el ex Presidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez cuestionó: “¿Sin las Fuerzas Armadas quién protegerá a los araucanos que siguen siendo extorsionados por Farc?". A esto se sumó el también senador del Centro Democrático Alfredo Rangel afirmando: “El cese al fuego definitivo de Santos es el permiso legal para que campamentos de Farc sigan en el narcotráfico sin ningún riesgo”.

Explicación: Al respecto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló este viernes que “el cese al fuego no es una patente para extorsionar o para delinquir. Con este cese al fuego termina el conflicto armado con las Farc, por lo que se suspenden las acciones de la Fuerza Pública contra las Farc. Sin embargo -precisó- no estamos en un cese contra el delito, y seguiremos persiguiendo conductas en el país como la extorsión, el tráfico de personas y el narcotráfico”.

Entre tanto, el general en retiro del Ejército Jorge Mora Rangel, miembro de la comisión negociadora en Cuba, se refirió al tema: “Lo primero que hay que decir es que le hemos cumplido a nuestros soldados y policías. Las Fuerzas Militares no hacen parte de la mesa en La Habana. Los cambios y las reformas que se presentan en las Fuerza Militares son propios de las Instituciones, nada tienen que ver con los acuerdos de La Habana.

2. Los guerrilleros que se desmovilicen recibirán el 90 % del salario mínimo por 24 meses

Crítica: A través de su cuenta de Twitter el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel dijo: “Víctimas pagarán 10 millones a cada terrorista desmovilizado, más un salario mínimo durante dos años.

Explicación: Sobre este tema el negociador del Gobierno con el Eln e integrante de la mesa con las Farc Frank Pearl, señaló: “Colombia tiene una gran experiencia en materia de reintegración. Lo acordado es que los desmovilizados van a recibir apoyo psicosocial y terminar la ruta educativa. Luego de esto podrán ser apoyados para iniciar un plan de negocio individual o con personas que no han sido guerrilleros.

Por los primeros 24 meses los desmovilizados recibirán el 90% de un salario mínimo mensual (621 mil pesos) para mantenerse, pero para esto deberán estar en el programa de reincorporación. Después de ese tiempo se dará un apoyo monetario condicionado a que los desmovilizados estén capacitándose para vincularse a la vida laboral.

Pearl comparó ese costo con el que por año representa una persona en la cárcel, sumado al nivel de reincidencia de quien sale de prisión. Sobre éste último -dijo- ser superior al 75 por ciento. Sobre los costos de atención a desmovilizados en el programa de reintegración señaló que se puede afirmar sin temor a dudas que son del 40 ó 50 por ciento menos elevados, y el porcentaje de éxito es del 92 por ciento. “Acá se trata de invertir en las personas para que tengan capacidades en el mercado laboral”, dijo Pearl.

3. Las Farc tendrán en 2018 diez curules en el Congreso

Crítica: El Senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, manifestó: “Afros e indígenas son el 30% de los colombianos y tienen solo 3 curules en el Congreso; las Farc no representan a nadie y tendrán 26 curules”.

Explicación: Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, señaló que no habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco Senadores y cinco Representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional.

“El propósito de cualquier acuerdo de paz en el mundo es la dejación de las armas y el ingreso a la vida política civil y en democracia”, añadió Roy Barreras, integrante de la mesa de negociadores. En este caso, manifiestan los negociadores, se trata de una transición política en la que la guerrilla debe ir a hacer campaña para convencer a los electores de sus ideas. “El acuerdo de paz es una gran oportunidad para la inclusión política que implica cambiar las armas por las urnas”, concluye Barreras.

4. La entrega total de armas se cumplirá en el día D+180 o sea, a mediados de febrero, esto significa que estarán armados durante la campaña para el plebiscito

Crítica: Los cuestionamientos están relacionados en este caso con que las Farc pudieran influir con armas en la aprobación del plebiscito.

Explicación: "Los soldados de Colombia y las Fuerzas Militares y de Policía no vamos a permitir que se haga política con armas, es parte de nuestro diseño operacional que eso no vaya a suceder, por eso las autoridades civiles y los Gobernadores y Alcaldes tienen que estar tranquilos", dijo el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército al referirse al tema.

El oficial explicó que desde el lunes que inicia el cese al fuego bilateral Naciones Unidas comienza sus procesos de despliegue, y cuando estén claros los protocolos de la preconcentración ellos van a estar allí en esos lugares de tránsito, lo mismo que los militares.

5. Los guerrilleros que reciban la amnistía podrán ser elegibles para cargos públicos

Critica: Este punto ha sido cuestionado por cuanto varios sectores hablan de impunidad.

Explicación: Al respecto, Humberto de la Calle Lombana, citando el Protocolo II de Ginebra, norma vinculante para el sistema jurídico colombiano, señaló: "La obligación es que al terminar las hostilidades se conceda la amnistía más amplia posible" y precisó que "los delitos más graves no se amnistían, como tampoco los delitos comunes, los demás serán examinados por el Tribunal de Paz. La tradición en Colombia ha sido la de mantener la figura del delito político donde aparece la necesidad de dar el paso hacia la amnistía".

6. Los guerrilleros que pasen por el Tribunal Especial de Paz y reconozcan su responsabilidad en delitos pagarán sus condenas en sitios especiales de reclusión y no en la cárcel

Critica: “Los criminales en Cuba dijeron que como condición para firmar la paz tienen que excarcelar a todos los que están en prisión y que los que van a negociar no pueden ir a la cárcel”, ha señalado el expresidente Uribe.

Explicación: Según el Gobierno, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, u otros delitos como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

Según los acuerdos alcanzados, todos los guerrilleros de las Farc pagarán penas que oscilarán entre cinco y ocho años. Sin embargo, se señala que “…la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas, mediante la realización de trabajos, obras y otras actividades”.

Y precisa que "quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad”, aunque se establece que esto se dará en condiciones especiales.

7. Los militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto acudirán al mismo tribunal y con las mismas reglas que los guerrilleros

Crítica: El expresidente Álvaro Uribe ha señalado como un error este punto pues afirma que se ha querido presentar a los miembros de las Fuerzas Militares como actores del conflicto iguales al terrorismo.

Explicación: En este caso, el Gobierno ha dicho que los agentes del Estado vinculados con violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) no se les podrá dar una pena mayor a la que tendrán los otros actores vinculados en los hechos y que, por el contrario, tendrán derecho a un trato especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Esto lo que significa es que serán juzgados a través del Tribunal Especial para la Paz, que tendrán derecho a que dicho organismo revise las sentencias ya proferidas contra ellos por la justicia ordinaria y que sus acciones siempre serán judicializadas bajo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, que es la legislación internacionalmente aceptada cuando se trata de conflictos armados.

8. Habrá circunscripciones especiales transitorias de paz en la Cámara de Representantes para los territorios que más han sufrido la violencia

Crítica: Este punto ha sido vinculado a la entrega de curules a dedo para la guerrilla, una vez se conviertan en partido político.

Explicación: En este sentido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que dicha circunscripción especial significa que habrá “curules que irán a una competencia abierta” en las zonas de mayor intensidad del conflicto donde los residentes, los movimientos sociales, las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos en esas regiones, van a poder competir democráticamente, sin la amenaza del fusil para obtener curules en la Cámara de Representantes.

De la misma manera, el ministro de la política señaló que esas curules “van a significar una reparación política muy importante para miles de colombianos, que en estas zonas no han podido ejercer y participar en la democracia libremente”.

“Esa idea de la circunscripción especial para la Cámara de Representantes nos parece a todos una idea audaz, novedosa, y que va a significar un avance fundamental en esas zonas del conflicto en materia de representación política para su habitantes”, concluyó.

9. Se crean Zonas Veredales Transitorias

Crítica: Se cuestiona en este caso que se pueda perder soberanía y se esté entregando territorio a la guerrilla.

Explicación: Al respecto, se ha explicado desde la Casa de Nariño que “las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las Farc-Ep en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses”.

De la misma manera, se afirma que estas zonas son temporales y transitorias, y para dar tranquilidad se afirma que cada una de ellas contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas. Además precisa que la salida de combatientes de las Farc-Ep de los campamentos se hará sin armas y de civil.

En todo caso se aclara que por cada zona, las Farc-Ep, designa un grupo de diez de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-Ep cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.

10. El elevado costo del proceso de reintegración y la participación en este tema de las Farc

Crítica: Según el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, las sumas acordadas corresponden al estandar que se viene pagando hoy a los reinsertados. Esta es una protección para la sociedad colombiana, pues de no hacerse se daría una metástasis de la violencia.

Explicación: Sobre el dinero que puedan tener las Farc, precisó De la Calle que se estableció la obligación de las Farc de reparar materialmente a las víctimas. En este caso el Tribunal para la Paz será el que defina cómo y en cuánto se dará esa reparación, y enfatizó en el término “material”.

De la Calle señaló que el Estado podrá continuar con la persecución de los bienes que hayan sido adquiridos por las Farc. “La guerra es mucho más costosa. Un solo bombardeo costó 25 mil millones de pesos, y duró menos de un minuto”, agregó el senador Roy Barreras.

Bogotá | Colprensa