Resolver el conflicto limítrofe entre Norte de Santander y Boyacá, por el sector de Gibraltar será, otra vez, una discusión abierta pues con la Ley 1454 de 2011 hay nuevos trámites para resolver límites dudosos, situación que afecta las propuestas hechas por la Gobernación departamental.

Así lo dio a conocer la secretaría de Planeación regional, al señalar que con la norma mencionada es necesario reorganizar los expedientes de los procesos en los que se tenía el registro del tema, y efectuar una actualización general.

Es decir, los documentos, actas, estudios cartográficos y demás deberán volver a definirse.

Todos los datos, como registros prediales y pagos de servicios públicos, sumarán para que la determinación de los límites beneficie a los dos departamentos.

Sin embargo, Norte de Santander pretende que el criterio tenido en cuenta sea el de la atención histórica que se ha dado a la zona en discusión.

El gobernador, William Villamizar es partidario de ello, dado que los esfuerzos del gobierno departamental no han dejado abandonada esta zona, de interés económico y social.

Basta evaluar los planes de desarrollo de la alcaldía de Toledo según los cuales se incluye el corregimiento especial de Gibraltar, confirmando y ratificando la soberanía regional sobre el sector.

Por este conflicto hay recursos congelados de regalías que, según la propuesta del gobernador, deberán ser divididas entre ambas regiones.

La historia

La Constitución Política de 1886 creó los departamentos de Boyacá y Santander con los territorios de los estados del mismo nombre, por los límites que tenían en ese momento.

Al primero pertenecía la provincia de Casanare y al segundo, la de Pamplona, las cuales colindaban entre sí.

Por Ley 25 de 1910 se creó el departamento de Norte de Santander, segregado de Santander, e integrado por las provincias de Cúcuta, Ocaña y Pamplona por los límites que éstos tenían.

La Ley 100 de 1912 reintegró el territorio de Casanare a Boyacá por los límites vigentes en 1886.

Posteriormente no hubo ni agregaciones ni segregaciones territoriales, razón por la cual los límites actuales entre Boyacá y Norte serían los fijados por la Constitución de 1886.

Sin embargo, dicha norma no contiene una descripción detallada o general de los límites interdepartamentales.

Según el Igac, La administración del área comprendida entre los ríos Cubugón y Cobaría, pretendida por las partes, es ejercida mayormente por las autoridades de Norte de Santander, según se observó en una visita hacia el año 2000.

Pero pese a la gobernabilidad, Boyacá también tiene argumentos con la posesión argumentada por sus representantes a partir de 1857, mucho antes de la creación de Norte de Santander en 1910.

Luego de que se retomen las pruebas necesarias para fijar la línea divisoria, quedará en manos del Congreso de la República resolver la situación que completa 73 años de diferendo.

Otros conflictos

De acuerdo con el Igac, la normatividad interna que cada departamento ha expedido creando municipios, corregimientos e inspecciones de policía en el área pretendida por las partes genera una superposición de territorios.

Esta solo se soluciona por acuerdo entre los actores, y durante el proceso de deslinde que se ha llevado a cabo, no se ha dado.

“Por el contrario, a pesar de los acercamientos logrados, no se pudo convenir un límite común”, señala la entidad.

Agrega que los mapas conocidos presentan diferencias en sus trazados y han sido modificados a través del tiempo.

Sólo hasta 1935 se hizo claridad sobre el curso correcto del río Oirá, por ejemplo y hoy en día, los mapas de las oficinas de planeación presentan el límite interdepartamental como límite no definido.

‘Conflicto debe terminar en el campo’

Pese a que Norte de Santander tiene un problema de formalización de la tierra que supera el 60 por ciento, la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a trabajar porque en la región los campesinos superen las dificultades de legalización histórica.

Así lo dio a conocer el titular de la entidad, Miguel Samper, quien expresó que no tener un título de la tierra afecta los beneficios para los trabajadores del campo, en materia de créditos, subsidios y capacitación técnica.

Ante esto, la Agencia indicó que se hará un acercamiento con los campesinos, predio por predio, definiendo la solución a los problemas de acceso a la tierra.

“La Agencia no se mueve del predio, hasta que no se defina la propiedad rural”, dijo el funcionario. “Antes, el Incoder se quedaba sentado esperando a que llegara el campesino y le solicitara cumplir; ahora, la Agencia va a buscarlo”.

Agregó que la Gobernación y las alcaldías deberán implementar programas de formalización, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Señaló que “se va a arrebatar la tierra de las manos de los corruptos”, y de quienes han obtenido beneficios de ella ilícitamente.

Para tal fin, se pretende tener en la tierra un factor de unión y reconciliación.

“Si en la tierra, en el campo, empezó el conflicto, allí mismo deberá terminar”, declaró.

Insistió en solicitar a los alcaldes nortesantandereanos información sobre las prioridades en materia de bienes públicos rurales, como escuelas, para que puedan invertir en ellos.

La Opinión