De forma sigilosa y secreta no sólo avanzaron las discusiones finales de los puntos de la agenda de negociación con las Farc, sino que con una fina filigrana política el Gobierno ha avanzado de forma amplia en el mecanismo en que se desarrollará el plebiscito por la paz.

Lo primero que hizo el Ejecutivo fue tener la certeza de que en la Corte Constitucional hubiese la certeza de que la ley que aprobó el Congreso sí logre su ratificación. Esto ya se logró hace una semana cuando se conoció el sentido de fallo del magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas. El jurista tan sólo condicionaría el uso de los recursos públicos para la campaña por el Sí.

Las cuentas del Gobierno llevan a esperar a que esa decisión sea antes de finalizar la primera semana de julio. De forma inmediata, como ya lo ha dicho el senador Roy Barreras, negociador del acuerdo, el presidente Santos informará al Congreso su intención de convocar a este plebiscito y la fecha en que se llevará a cabo la votación.

El día de la votación ya también se tiene pensado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, les ha informado a los voceros de los partidos que acompañan el proceso de negociación que la fecha es el domingo 4 o el domingo 11 de septiembre.

De esa forma, la fecha no será anterior a un mes del fallo, como tampoco posterior a cuatro meses. Gobierno y partidos tienen claro que si el fallo es antes del 8 de julio se convocará a sesiones extras al Congreso de la República, por cuanto el mismo se encuentra en receso legislativo.

La Ley del Plebiscito señala que luego de la notificación presidencial, el Congreso deberá pronunciarse en un término máximo de un mes por mayoría simple de los miembros de las respectivas Cámaras.

La dinámica interna en su momento en el Congreso llevará a que sean las plenarias en donde se discutirá la notificación del Gobierno, y las plenarias del Senado y la Cámara de forma separada se pronunciarán.

En cuanto a la organización electoral, el Gobierno notificará casi de inmediato tanto a la Registraduría Nacional como al Consejo Nacional Electoral, la fecha y su petición de comenzar la organización de esa votación.

La ley dice al respecto que la “Organización Electoral garantizará el cumplimiento de participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el sí o por el no, para lo cual regulará el acceso a los medios de comunicación y demás disposiciones necesarias”.

Igualmente, es claro que el objetivo del presidente Santos es llegar, a finales de septiembre, a la asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas, con el proceso de paz ya terminado, aprobado en las urnas por los colombianos y el mismo ya andando en el posconflicto.

Bogotá | Colprensa