El próximo lunes 13 de junio continuará en la Procuraduría Regional de Norte de Santander la audiencia en la que el exgerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, Luis Fernando Páez Carrascal; la exsecretaria de Salud del Municipio, Deisy Astrid Machuca Albarracín, y el exasesor jurídico de la Secretaría General de la Alcaldía, Jorge Enrique Villamizar Jaimes, deberán responder por las supuestas irregularidades en la suscripción de un convenio interadministrativo.

Los exfuncionarios son investigados por el Ministerio Público, debido a una presunta extralimitación de funciones en la que habrían incurrido, al suscribir el contrato 467 de 2015, cuyo objeto era “apoyar a la Subsecretaría de Salud Pública en el desarrollo de acciones y actividades de inteligencia epidemiológica, vigilancia en salud pública y vigilancia sanitaria de los eventos de mayor interés en salud pública y el desarrollo de procesos de gestión del conocimiento en personal de salud y comunidad”.

Para la Procuraduría, al parecer, existe una falta de competencia y capacidad jurídica para cumplir con los compromisos adquiridos por parte del Centro de Rehabilitación, toda vez que estos no encajan dentro de los servicios habilitados por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. 

“Para el ente de control, los sujetos disciplinables podrían haber quebrantado el principio de la responsabilidad que rige la contratación estatal”, advierte el pliego de cargos formulado a los exfuncionarios.

En este también se habla de una posible transgresión al acuerdo de la junta directiva en el que se establecen las funciones del Centro.

Provisionalmente, el procurador regional, Juan Carlos Bautista, calificó las presuntas faltas del exgerente Páez y la exsecretaria Machuca Albarracín como gravísimas a título de culpa gravísima, y del exasesor Villamizar Jaimes como grave a título de culpa gravísima.

Ante estos hechos, en la diligencia que comenzó ayer, los investigados entregaron las pruebas y descargos con los que buscan controvertir los argumentos de la Procuraduría. 

La Opinión