Desde finales de 1951 cuando el presidente Laureano Gómez hubo de retirarse de la presidencia en razón de su precaria situación de salud, el ambiente político del país se hacía cada día más tenso y los dos partidos tradicionales trataban de mantener una armonía que no les resultaba fácil.

A pesar de su estado de salud, Laureano Gómez seguía siendo el “poder tras el trono” y Urdaneta acataba sus órdenes, bueno, la mayoría de ellas. La cercanía entre el designado presidente Urdaneta y el líder de las fuerzas armadas era  considerada por Laureano como un gran riesgo para mantener el control del poder y esta coyuntura era aprovechada por la oposición para tratar de adueñarse de las riendas del poder.

En Cúcuta, pareciera que hubiera florecido el germen de esta revolución que se le atribuía al partido de oposición y durante buena parte de los primeros meses de ese año, se fueron presentando casos que pasaban a manos de las distintas autoridades, sin que a fin de cuentas se hubiera podido establecer la verdad de estas aseveraciones.

Hubo varias circunstancias no muy claras desde el principio en las que siempre estuvo involucrada la representación de la “Seguridad” seccional, que era la institución encargada de las investigaciones judiciales de la época y que estaba a cargo de Pedro Medina Jácome, su director.

Claro que por entonces, cualquiera aprovechaba el desorden reinante para crear un caos que garantizara beneficios políticos o económicos y lograr las renuncias o los derrocamientos que finalmente no se dieron, por lo menos en los ámbitos locales y regionales. Y fue precisamente esta situación de coyuntura política, la que aprovechó un tinterillo liberal para librarse, por lo menos transitoriamente, de los “sumarios” que se le seguían en varios de los juzgados de la región.

Conociendo los pormenores de lo sucedido con Felipe Echavarría, urdió toda una tramoya con unos paquetes que diera a guardar a un amigo, quien receloso le dio por abrirlos y al ver que se trataba de armas y algunas municiones, le dijo que se las llevara, que él no se comprometía a esos encargos.

El tinterillo, temeroso que su amigo lo denunciara, se adelantó y lo denunció ante el Jefe de la Seguridad Nacional, agregándole algunos detalles adicionales para recrear una escena más creíble y a la vez, eludir responsabilidades, así como en ella involucraba, como ya dijimos, dirigentes que por su filiación al partido de oposición, serían considerados posibles cómplices y hasta autores del complot, que ahora tomaba tintes mediáticos importantes.

Esta demanda le tocó en turno al juez 20 de Instrucción Criminal al servicio de la Quinta Brigada, Gabriel Muñoz López, por cierto, homónimo del conocido locutor deportivo que nada tenía que ver en el asunto, quien para llevar una concienzuda investigación, comenzó por citar a indagatoria a varios reconocidos personajes de la ciudad, alborotando el cotarro y poniendo en serios aprietos la honorabilidad y el buen nombre de estas personas.

Mientras esto sucedía, ríos de tinta corría en los medios impresos de la ciudad. Cada día que pasaba traía su sorpresa. El diario ‘El Trabajo’ era el más dedicado y sus reporteros estaban tras las pistas de los personajes involucrados y de los investigadores, para mantener al día su numerosa audiencia. Conocedores de las circunstancias, los avezados periodistas comenzaron a desenredar la maraña fraguada por el tinterillo, que a propósito, era de apellido Salinas y cuando discutían sobre el tema, en pleno consejo de redacción, les entregaron una carta, en la que se ampliaban los detalles de la famosa conspiración.

La nota era remitida por un ciudadano,  Luis R. Parada y llevaba su firma e identificación. En ella reiteraba y confirmaba lo dicho por Salinas en su declaración, en la que mencionaba a un grupo de “tres o cuatro locos” que planeaban dinamitar la línea del ferrocarril y volar los puentes de Pamplonita y la Floresta. Que ese era el motivo de la aparición de los explosivos, según la versión de Salinas, pues los investigadores no hallaron vestigios de tales bombas.

En otro aparte, hacía mención que tales artefactos explosivos habían sido probados en el cerro Tasajero, según lo denunciaron obreros de la compañía petrolera Texas, que por esos días tenía un campamento en las faldas de esa montaña y agregaba que una pareja había dejado en una casa del barrio Carora una caja con cien tacos de dinamita para que le fueran entregados a un sujeto que era técnico en explosivos y que al mismo sujeto le entregaron la suma de $300 para la compra de granadas de mano y fulminantes.

Además, dentro del plan terrorista se tenía planeado incendiar los depósitos de café y dañar el acueducto y la termoeléctrica del barrio Sevilla. En la misma misiva aclaraba que las personas que estaban siendo llamadas  a interrogatorio por el juez Gabriel Muñoz “son gente inofensiva y que aman la paz, pero que se vieron obligadas a contribuir porque existía una Legión encargada de obligarlos mediante el sistema de la amenaza y del terror.” Termina el escrito argumentando que se debe dejar a la justicia que diga la última palabra y que “en verdad no hubo tal revolución, pero qué tal que se hubiera permitido poner en práctica los famosos planes; yo creo que hasta usted –se refería al director del diario- hubiera sufrido las consecuencias.”.

Antes de firmar, remataba con un “puede usted hacer el uso que a bien tenga de la presente y ojalá la publique en su prestigioso periódico.”

Luego de las discusiones y del análisis que le hicieran a la carta en mención, llegaron a la conclusión que ésta había sido escrita y enviada por el mismo Salinas, que se había convertido en experto para desviar las pesquisas, particularmente en aquellas en las que se hallaba comprometido, toda vez que en épocas anteriores se vio inculpado como falsificador de sellos de las autoridades colombianas y venezolanas y falsificación de documentos.

Finalmente y luego de escuchar las declaraciones de los liberales a quienes se les había inculpado falsamente, se cerró la investigación.

Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com