La paz no excluye la justicia ni la aplicación de la justicia no implica la paz, según el jefe negociador del Gobierno.
Justicia Transicional no es un sapo: De la Calle
Luego de las intervenciones del Gobierno Nacional en la Corte Constitucional los magistrados tuvieron lugar para hacerle preguntas a los funcionarios y el cuestionado magistrado Jorge Pretelt, le preguntó al jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, si la paz está por encima de todo.
De la Calle le dijo que era una pregunta difícil de responder, pero resaltó que es un derecho fundamental y un deber del Estado, “pero que no necesariamente resulta incompatible con otros elementos del entramado constitucional de la carta de derechos”.
El negociador se refirió específicamente a la justicia transicional: “Paz no es la exclusión de la justicia -para el Gobierno-, ni la aplicación de la justicia no implica la paz. El Gobierno considera que la justicia en el proceso, que denominamos justicia transicional, pero que es justicia en todo el caso (…) No es una especie de vacaciones a la legalidad para destruirla”.
Y agregó: “La Justicia Transicional no es un sapo, es un instrumento que no imposibilite la paz pero que propenda por el afianzamiento del acuerdo en el Estado de Derecho”.
A su turno, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, aseguró que la Corte Constiticional debe avalar el Plebiscito por la Paz con la reducción del umbral que hizo el Congreso al 13 % de participación del censo electoral.
En su criterio, como se trata del plebiscito más importante, el de la Paz, el Congreso tenía una potestad amplia para hacer modificaciones que tienen que ver con la participación y el umbral.
“Voy a dejar una hipótesis. Este tema del plebiscito está bien formulado en la línea de legitimar una política pública y estamos frente a la política de mayor en un Estado de Derecho, la paz, que envuelve otras políticas”, señaló.
De acuerdo con Rojas, además, que el carácter vinculante de la decisión que fija la ley de Plebiscito hace parte de los parámetros que deberá tener presente el Congreso cuando desarrolle la implementación del acuerdo de paz.
Bogotá | Colprensa
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