Menos de cinco meses han transcurrido desde que los alcaldes elegidos para el periodo 2016-2019 tomaron posesión de sus cargos y el Partido Conservador ya perdió a su primera ficha en Norte de Santander, por cuenta de una condena que obligó a la mandataria de Sardinata a pasar del Palacio Municipal a la casa por cárcel.

Aunque la ley es clara en que inscribir y avalar candidatos “que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos”, es objeto de falta para los partidos, sin problema, Yamile Rangel Calderón logró recibir la venia del conservatismo y se hizo elegir como alcaldesa, por segunda vez, el 25 de octubre pasado.

No obstante, para esa fecha la mandataria ya había sido llamada a juicio por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, por un contrato que celebró en su primera administración (2008-2011), para la construcción de 62 unidades sanitarias en la zona rural del municipio y  por el cual giró un anticipo de $180 millones, sin haber nombrado el interventor.

En abril, julio y agosto de 2015 ya se habían hecho intentos por adelantar la audiencia de juicio oral en su contra, pero diversas razones impidieron que esta se celebrara, lo que le permitió a Rangel Calderón seguir adelante con su aspiración política, la cual contó con el apoyo de los congresistas Juan Manuel Corzo y Ciro Rodríguez.

"Entregamos el aval de buena fe"

Al ser consultado sobre las razones que llevaron al partido a entregar el aval a la saliente alcaldesa de Sardinata, el secretario general del conservatismo, Juan Carlos Wills  Ospina, aseguró que desconocían que el proceso contra Yamile Rangel Calderón estuviera tan avanzado.

Dijo que la única herramienta que les ofreció el Gobierno para garantizar que quienes recibieran los avales no tuvieran problemas con la justicia fue la Ventanilla Única, pero esta colapsó en la recta final del proceso, lo que los obligó a confiar en lo que aparecía registrado en los portales de los diferentes entes de control y allí no figuraba nada contra la mandataria.

“Al final nos tocó empezar a emitir los avales con el compromiso que firmaban los candidatos, bajo la gravedad de juramento, de que no estaban incursos en inhabilidades o problemas”, aseguró Wills Ospina.

Insistió en que este, como muchos otros avales otorgados en el país que ya empiezan a presentar problemas, fue entregado de buena fe. Por eso, explicó que ante la decisión judicial, el caso pasará a manos del veedor del Partido Conservador, para que proceda con la suspensión y expulsión de la alcaldesa.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá oficiar al conservatismo sobre la situación de Sardinata, para que entregue las respectivas explicaciones sobre el porqué le entregaron el aval a una candidata que tenía un proceso en etapa de juicio.

A la fecha, el gobernador William Villamizar Laguado todavía no ha sido notificado de la decisión contra la alcaldesa para que proceda a definir el encargo.

Entre tanto, el próximo martes 31 de mayo se conocerán los años de condena que deberá pagar Rangel Calderón.

Congresistas se defienden

Entre tanto, los dos congresistas conservadores que respaldaron a Yamile Rangel Calderón para que pudiera ser elegida como alcaldesa de Sardinata, reconocieron que sí incidieron en el visto bueno para que le fuera otorgado el aval.

“Los avales se entregan a través de una convocatoria pública que hace el partido. Si hay más de un candidato (como sucedió en Sardinata), primero decide el Directorio Municipal y si hay diferencias decide el Directorio Departamental. Al final, el Directorio Nacional ratifica la decisión de los directorios municipal y departamental”, explicó el representante Ciro Rodríguez.

Dijo que, “las inhabilidades para ser candidato las establece la ley y esa (la situación de Rangel) no está establecida, por lo tanto el partido y después el Consejo Nacional Electoral no podían rechazar la inscripción”.

Por su parte, el senador Juan Manuel Corzo negó tener conocimiento de que el proceso que cursaba contra de la alcaldesa estuviera tan avanzado y que las probabilidades de que el fallo resultara adverso fueran tan altas.

La Opinión