En una carta enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, rechazó de manera vehemente el acuerdo logrado con las Farc para blindar jurídicamente los acuerdos de paz. 

De acuerdo con el Procurador, se busca que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional sin tener las facultades para esto.

En su criterio, las Farc y el Gobierno se están revistiendo de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado y por eso advirtió que un actuar en contra de la Constitución implica falta disciplinaria sin señalar directamente quiénes podrían verse afectados, si los Ministros o los Senadores que voten la fórmula jurídica anunciada en La Habana.

"Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos", señaló. 

Ordóñez cuestionó que se pretenda que el Acuerdo para la terminación del Conflicto sea un acuerdo especial, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario, y que haga parte del bloque de constitucionalidad porque con esto todos los acuerdos negociados y por negociar con las Farc, conocidos y desconocidos por la opinión pública, serán normativamente integrados a la Constitución.

El jefe del órgano de control, además, alertó sobre el hecho de que Gobierno y Farc, en nombre del proceso de negociación que desarrollan, ignoran al pueblo colombiano y al poder Legislativo.  

“Lo que su Gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las Farc implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les han otorgado. Usted, señor Presidente, y ‘Timochenko’, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro”, agregó.

El procurador Ordóñez Maldonado lamentó las pretensiones, que calificó de "dictatoriales", que se estarían gestando en nombre de la paz y el hecho de que una mesa de negociaciones esté por encima de toda la sociedad.

“Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las Farc y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos? Lo que ustedes anunciaron al país conlleva a que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana”, dijo.

Ordóñez cuestionó dar un estatus constitucional a la guerilla por ser responsable de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, así como responsable del cultivo, fabricación y exportación de droga a todo el mundo.

“Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un Gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno. Le recuerdo, doctor Santos, que en el Estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley”, señaló.

También aseguró que con este blindaje no es realmente necesaria la refrendación popular y que, en este sentido, el Presidente estaría mintiendo cuando afirma que está sería la última palabra.

“Lo pactado con las Farc supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quieren usted y ‘Timochenko’ que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular”, afirmó.

El Procurador concluyó su misiva recordando al primer mandatario los deberes que se comprometió a cumplir al tomar posesión del cargo. “Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las Farc”, finalizó.

Bogotá | Colprensa