Nadie duda del desenlace. El Senado brasileño lanzó este miércoles el debate que probablemente culminará con la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff para someterla a juicio político, en una sesión que bajará el telón de más de 13 años de gobierno del izquierdista PT.

La maniobra de último minuto del gobierno para frenar el impeachment fue infructuosa: la Corte Suprema rechazó el recurso presentado la víspera para anular el impeachment de la mandataria.

Tras meses de crisis política que tienen en vilo al gigante sudamericano, el plenario de la Cámara Alta debate en una maratónica sesión si la presidenta debe ser juzgada por cometer un "crimen de responsabilidad" al utilizar préstamos de bancos estatales para tapar agujeros del presupuesto en 2014 y en 2015.

Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a Petrobras en más de 2.000 millones de dólares.

Los conteos muestran que la oposición tiene votos más que suficientes para apartar del poder a Rousseff por hasta 180 días, mientras dura el proceso. Para ello se requieren 41 senadores, una mayoría simple.

El temor del Partido de los Trabajadores (PT) es incluso que 54 senadores o más -dos tercios del pleno- apoyen ya este miércoles el impeachment. Esta cifra es la que se requiere en la votación final del juicio político para declarar culpable a la primera mujer presidenta de Brasil y destituirla.

Un proceso "traumático
 
El impeachment es un proceso "largo y traumático" que "coloca una enorme responsabilidad sobre el Senado", afirmó poco antes del inicio de la sesión el presidente de la Cámara Alta, Renán Calheiros.

"Decidiremos sobre el alejamiento temporal o la permanencia en el poder de la presidenta Rousseff, que fue elegida por el voto popular directo", añadió el líder de los senadores, que pidió "serenidad y espíritu público" a los legisladores.

Rousseff fue reelecta en octubre de 2014 por cuatro años más, pero su popularidad se ha hundido al 10% en medio de una recesión económica que se anticipa como la peor en décadas y el megafraude a Petrobras que tiene en la mira a decenas de políticos de su PT y a aliados, así como a poderosos empresarios.

La crisis política alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, y en medio de una epidemia de zika, un virus transmitido por mosquitos que provoca microcefalia en bebés, y cientos de miles de casos de dengue, chicunguña y el virus H1N1.

Al iniciarse la sesión en el Senado, simpatizantes del gobierno protestaron brevemente contra el impeachment en varios puntos de Sao Paulo, bloqueando avenidas y levantando barricadas.

En Brasilia, en cambio, el día transcurría normalmente fuera de las paredes del Congreso. Un dispositivo especial de seguridad con 1.500 policías se desplegó en la explanada central donde se esperan manifestaciones a favor y en contra del impeachment.

El mercado reaccionaba con calma a este nuevo capítulo político. La bolsa de Sao Paulo subía 0,57% mientras que el real perdía 0,12% a media mañana del miércoles. El martes el parquet paulista cerró en alza de casi 5%, esperanzado con un cambio de gobierno y la posibilidad de ajustes fiscales para reactivar la alicaída economía.

"Golpe moderno"
   
Rousseff, que gobierna la mayor economía latinoamericana desde 2011 tras suceder a Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10), acusa a su vicepresidente Michel Temer de orquestar un "golpe moderno" en su contra y aduce que gobernantes de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales de las que se le acusa.

Asegura que no cometió ningún "crimen de responsabilidad", un cargo que puede ser castigado con el impeachment según la Constitución.

Exaliado del gobierno hasta marzo y ahora acusado de traición, Temer asumirá la presidencia de forma interina si la impopular mandataria de 68 años es suspendida del cargo. Su permanencia en el poder abre varias incógnitas, ya que es incluso más impopular que la mandataria: solo un 2% de los brasileños votaría por él en elecciones presidenciales.

Si Rousseff es finalmente declarada culpable al cabo de seis meses de juicio, Temer, de 75 años, quedará al frente del país hasta 2018, fin previsto de su mandato.

"Temer tendrá desafíos grandes, no es una tarea fácil. No tendrá la legitimidad de las urnas pero tendrá que buscarla en la Constitución (...) No puede errar", sostuvo el senador opositor Aecio Neves, del partido PSDB, que perdió el balotaje contra Rousseff en 2014 por apenas 3%.

Guerrera

"El último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018", dijo Rousseff el martes ante miles de fervientes simpatizantes.

"Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha", prometió esta exguerrillera, torturada y encarcelada durante la dictadura militar (1964-1985).

En Roma, el papa Francisco hizo un llamado al diálogo en Brasil: "Mis pensamientos van para esa amada nación (...) que atraviesa momentos de dificultad".

Aislada, la mandataria ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y ya no tiene en los brasileños más desfavorecidos la misma fuerza que en épocas de bonanza.

El gobierno está prácticamente paralizado a la espera de una definición sobre el impeachment, apoyado por un 61% de la población según los sondeos.

El único precedente de impeachment desde el regreso de la democracia en 1985 es el del expresidente Fernando Collor de Melo (1990-92), quien fue separado del cargo y renunció justo antes de que el Senado votase su destitución.

AFP