Concejo de Los Patios realizará una brigada de recolección de libros para apoyar los procesos de resocialización.
Director de la cárcel de Cúcuta critica indiferencia administrativa
“Veo muchas proyecciones sobre el desarrollo de los municipios, pero nada relacionado con la cárcel; nadie se acuerda de los internos”.
Con esta declaración, el coronel Germán Ricardo Ricaurte, director del Complejo penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta, solicitó al concejo de Los Patios, y a los demás alcaldes del área metropolitana, cumplir con la responsabilidad de atender a sus sindicados.
Según el funcionario, la ley contempla que los presupuestos municipales y departamentales deben incluir las partidas necesarias para los gastos de las cárceles, como pagos de empleados, raciones alimenticias, gastos de remisiones, compra de equipos, entre otros.
Y aunque ya ha recibido la visita de algunos secretarios de despacho y representantes de los gobiernos del área metropolitana, el compromiso con los recursos es escaso, en especial para que los internos regresen a la libertad con las garantías necesarias de reintegración social.
“Queremos que el área metropolitana y sus gobernantes tengan en cuenta que el complejo penitenciario hace parte del territorio”, dijo. “Nosotros conocemos de las intenciones de ayudarnos, pero queremos que estas se materialicen con recursos”.
Según explicó, cada interno le vale al Estado un millón 400 mil pesos y, actualmente, en este centro de reclusión hay 3.991 de ellos: 1.207 sindicados y 2.794 condenados que suman más de 5.600 millones para su manutención y atención integral.
De este valor, 1.689 millones de pesos deberían ser cubiertos por las alcaldías del área metropolitana que tienen allí a sus sindicados, sin mayor atención.
El reporte, con corte al 2 de mayo de este año, revela que hay 1.543 internos de más, pues en la cárcel Modelo hay capacidad para 1.262 personas pero hoy se encuentran 2.805.
Actualmente, en el complejo hay 2.411 internos beneficiarios de algún programa de educación, de los cuales 49 reclusos se encargan de enseñar algún oficio a sus compañeros; 1.430 trabajan en los talleres y proyectos productivos; y 932 se forman en primaria, básica y estudios superiores.
“Ellos necesitan traspasar las barreras de la prisión y encontrar una sociedad y familias que los acojan”, señaló. “Necesitan salir siendo buenos ciudadanos, mientras la comunidad comprende que allí hay seres humanos y hermanos nuestros”.
Ricaurte agregó que “la cárcel es un espejo de la sociedad” y, como tal, hoy en día no tiene un sistema de salud satisfactorio, e incluso “hay carros para las remisiones que ni siquiera tienen llantas”.
Pese al hacinamiento y las dificultades, el año anterior se logró un decrecimiento de 400 internos, es decir, un 15 por ciento menos de personal en la cárcel, lo cual se logró con decisiones judiciales oportunas y condenas en prisión domiciliaria que suman 1.200 casos especiales.
La Opinión
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