La Fiscalía General de la Nación será la encargada de determinar si el logo que identifica a una oficina de abogados que ofrece servicios jurídicos especializados en restitución de tierras y otras áreas, suplanta la imagen institucional de la unidad encargada de sacar adelante ese programa.

La denuncia fue instaurada la semana pasada, luego de que los funcionarios encargados de la entidad en Cúcuta fueran informados de que justo en frente de los juzgados que tienen a su cargo los procesos de restitución de tierras, se había instalado un pendón en el que se ofrecían dichos servicios, haciendo uso de una imagen muy similar a la que maneja la Unidad de Restitución.

Alcelis Coneo, subdirectora general de la URT, dijo que además de estar usurpando, posiblemente, un logo oficial que muchos ya identifican y asocian con el proceso de restitución, preocupa que este tipo de actuaciones pueda inducir al error a las personas que necesitan solicitar servicios de restitución y se acercan a esa oficina creyendo encontrar al personal que está a cargo de esta  política.

“El usuario puede entender que va a ser atendido por funcionarios de la Unidad. Así mismo, se crean falsas expectativas de atención, asesoría, acompañamiento personal y especializado que brinda la Unidad de Restitución de Tierras a reclamantes o beneficiarios del proceso”, advirtió Coneo.

Recordó que este tipo de lugares no están permitidos para atender a las víctimas del conflicto armado, toda vez que  ellas pueden dirigirse directamente a la oficina de la Unidad, que cuenta con abogados para ofrecerles asesoría.

“Vamos a actuar para que se investigue qué es lo que está sucediendo. Si es que posiblemente personas inescrupulosas están usando el logo de la entidad para sacar provecho de un tema que es tan sensible como lo es la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado”, manifestó la funcionaria.

Insistió en que la entidad no va a permitir que se use la imagen de la URT para desinformar a los reclamantes y cobrar por un servicio que es gratis, tal y como lo establece la ley.  Por eso, les hizo un llamado a los interesados en el proceso para que no se dejen engañar.

Para la Unidad de Restitución, el caso en mención no solo configuraría una presunta manipulación de un logo y una marca “sino que, al parecer, se trata de utilizar la confianza que trasmite la imagen institucional de la entidad”.

De ahí que le piden a la Fiscalía que investigue, además, si los promotores de estos servicios son exfuncionarios, contratistas o colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras, que podrían estar utilizando información privilegiada y datos personales sujetos a reserva constitucional.

‘Es una coincidencia’

Al ser consultado por la utilización de una imagen similar a la de la URT, el responsable de la oficina de abogados, Darwin Delgado Angarita, aseguró que se trata de una coincidencia.

Dijo que más que engañar o beneficiarse de las víctimas, lo que buscan con este nuevo servicio que, asegura, empezaron a ofrecer hace apenas una semana, es “que tengan un acceso a la justicia de manera integral”.

“No es publicidad engañosa porque el aviso es muy claro. Ofrecemos asesorías en derecho y otras áreas. No solo estamos vendiendo la imagen de restitución de tierras”, aseguró.

El abogado, especialista en derecho administrativo, aseguró que hasta ahora en esa oficina no se lleva ningún proceso de restitución y dijo que las dos personas que han llegado, atraídas por el aviso, han sido remitidas a la Unidad de Restitución para que reciban la información inicial y luego decidan si quieren contratar los servicios o no.

“Lo que queremos es ofrecerle una oportunidad a la gente desde el inicio. Que podamos ayudarles a hacer un acompañamiento íntegro”, sostuvo.

Delgado dijo que hasta el momento no ha sido informado de la denuncia y manifestó que de ser así, esperará a que sea el ente investigador el que defina la situación.

Implicaciones

En vista de la evidente similitud entre el logo de la Unidad de Restitución de Tierras y la imagen de la oficina de abogados que ofrece los servicios de asesoría jurídica y en la que solo se observan algunas modificaciones a los colores originales, en la denuncia instaurada ante la Fiscalía se advierte de una posible suplantación de la imagen institucional.

Según el Código Penal Colombiano, este tipo de delito se configura así:

Artículo 306: Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos a cuatro años y multa de 20 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 307. Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de uno a cuatro años y multa de 20 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Opinión