El Consejo de Estado determinó que, al menos, 28 de los 140 soldados secuestrados por las Farc en la toma de Miraflores (Guaviare) en 1998 fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos por parte de la guerrilla de las Farc y por esa razón emitió una nueva y millonaria condena contra la Nación.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, ordenó una indemnización cercana a los 6 mil millones de pesos por los daños sufridos por los uniformados y sus familias tras la toma y el posterior secuestro, durante más de 34 meses de los militares, a manos de la guerrilla.

Al fallar se tuvo en cuenta que los uniformados tuvieron que enfrentar tratos crueles como que “le echaban vidrios a las comidas de soldados”, “eran amarrados”, “encierro permanente en cambuches donde sólo se permitía salir para hacer necesidades fisiológicas”, “sufrían castigos los cuales consistían, entre otros, en dejarlos sin la posibilidad de bañarse por varios días o no se les suministraba los elementos de aseo personal”.

También se reseñó, extraídos de los diferentes procesos penales, que los soldados fueron torturados pues fueron amarrados con cabuyas de los brazos y cuello a los árboles; así porque estaban encerrados en un campo con alambre de púa, tenían que utilizar los instrumentos de cocina para hacer sus necesidades y les apuntaban con armas para torturarlos psicológicamente, entre otros.

Esto fue considerado por el Consejo de Estado como una violación abierta y flagrante de las disposiciones de Derecho Internacional Humanitario que propenden por la humanización del conflicto armado interno.

“Esta situación generalizada y sistemática de secuestro padecida por los 28 soldados demandantes y los demás militares y policías que sufrieron los rigores y vejámenes del cautiverio por cerca de 34 meses no puede comprenderse sino como una degradación del conflicto armado y de la dignidad humana lo que, vergonzosamente, llegó hasta el punto en que el ser humano pasó a ser un producto (cual simple objeto o cosa) de una negociación en el conflicto, lo que constituye una pérdida de valor humano en un contexto de violencia desbordada y sin miramientos, ni respeto de principios básicos de humanidad”, señaló la Sala.

De acuerdo con la Corporación, comportamientos como estos “no hacen más que ubicar al conflicto armado interno en las antípodas de la civilización, desconociendo tratos mínimos, básicos y elementales de humanidad (garantizado por el derecho internacional y el derecho consuetudinario)”.

La Sala indicó que la cruenta toma, en la que fueron utilizadas armas no convencionales como 'tatucos', si bien es responsabilidad de las Farc, hubo claras omisiones por parte las autoridades puesto que había suficiente conocimiento de la posible acción y no se tomaron las medidas para evitarlas, al punto que faltaron armas y personal.

Se especificó que se conocía con antelación por informaciones de inteligencia la toma a la base antinarcóticos, así como movimiento de personal de las Farc y se indicó que una vez empezó el ataque el apoyo militar y aéreo fue tardío e insuficiente para repeler el ataque de las Farc.

Medidas de reparación

La Sala le ordenó al Ministro de la Defensa y a la Cúpula Militar que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento como víctimas de los 28 uniformados  en la Plaza y Monumento de los caídos en la ciudad de Bogotá.

Igualmente, se exhortó respetuosamente al Presidente de la República para que por conducto de la delegación de negociadores en La Habana (Cuba) se transmita a las Farc y a sus máximos dirigentes, la necesidad de ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional dos cosas: el uso de armas no convencionales y el secuestro y sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados demandantes secuestrados.

Igualmente, se envió copia de la decisión a la Fiscalía para que determine si hay lugar a reabrir o continuar investigaciones contra los miembros de las Farc responsables de los vejámenes; así como a la Procuraduría General de la Nación.
La Sala también le ordenó al Ministerio de Defensa que haga una política dirigida a corregir las fallas cometidas en la base militar de Miraflores y al Ejército que haga un cartillas en la que se determinen las fallas para realizar un curso de un año en todas las unidades militares del país.

Bogotá | Colprensa