Veeduría por la Defensa del Ciudadano solicitó la denuncia formal a la ministra de Educación, Gina Parody.
Piden al Gobierno suspender contrato del Programa de Alimentación Escolar

El alcalde, César Rojas, contrató de manera directa, es decir, a dedo y sin mediar licitación, con un socio suyo la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Se trata de José Antonio Manrique Torres, representante legal de la Corporación Paz y Futuro, uno de los dos consorcios que manejan el PAE en Cúcuta desde el 7 de marzo para unos 58 mil estudiantes de colegios públicos y por un valor de 19 mil 434 millones de pesos.
Rojas y Manrique, según una denuncia de la Veeduría por la Defensa del Ciudadano, son copropietarios de dos bienes inmuebles ubicados en el corregimiento de Gaira, en Santa Marta, según consta en las matrículas inmobiliarias No. 080-29815 y No. 08029846.
Por este motivo, la Veeduría por la Defensa del Ciudadano le dirigió una carta a la ministra de educación, Gina Parody, en la que le solicita formular denuncia formal contra Rojas y su secretario de Bienestar Social, Telésforo Blanco por la violación estatuto contractual de la administración pública, “lo que conlleva a estar incursos en una indebida contratación con recursos públicos”.
Pero también le solicitan a Parody investigar a los dos funcionarios por la celebración indebida de contratos sin requisitos legales, prevaricato por acción, omisión, peculado por apropiación a favor de terceros, interés ilícito en la celebración de contratos y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
En últimas, la veeduría para la Defensa del Ciudadano le solicita a la ministra de Educación Nacional se ordene suspender el convenio 0133 de 2.016 que se acaba de firmar y que le reintegren al ministerio el dinero total girado, para salvar el valor y especialmente salvar el anticipo del 30 por ciento que le van a entregar en los próximos días a la Corporación Paz y Futuro por intermedio de una unión temporal con un simple convenio sin haber adelantado un proceso contractual correcto como es la licitación pública.
Según el especialista Jairo Huertas Rangel, no resulta ético que un alcalde contrate con sus socios ni tampoco que lo haga sin licitar cuantías millonarias como ocurrió con la del PAE.
El alcalde, César Rojas guardó hermetismo cuando se le consultó sobre la denuncia de la Veeduría por la Defensa del Ciudadano.
*La Opinión
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