Luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara la situación de confinamiento y desplazamiento al que se han visto forzados cerca de 900 habitantes del municipio de Alto Baudó (Chocó), se iniciaron acciones para atender dicho problema humanitario.

La población asegura desplazarse ante el temor a posibles enfrentamientos entre miembros del llamado Clan Úsuga y la guerrilla del Eln. Dicha situación ya había sido advertida desde agosto de 2015 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, a través de una nota de seguimiento a un informe de riesgo, que se mantiene vigente para los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.

Además, en la nota enviada a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo destacó la ampliación de la zona de disputa armada entre el Eln y el grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacia los territorios colectivos del municipio de Alto Baudó, lo cual podría configurar la persistencia de vulneraciones a los derechos humanos para las comunidades afrocolombianas asentadas en este territorio.

Ante dicha situación se tuvo una reunión de seguimiento al orden público en Quibdó, encabezada por el Defensor Alfonso Cajiao, y la Entidad fue alertada sobre el movimiento del grupo posdesmovilizado.

Fue así como desde el pasado 23 de febrero el organismo de control para los derechos humanos en Colombia pudo verificar el confinamiento de las comunidades negras de Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Boca de León, Cocalito, Batatal, Puerto Misael y Las Delicias.

Además, la Defensoría ha tenido acceso a testimonios de motoristas que manifiestan sentir temor y no contar con las garantías de seguridad para movilizar sus embarcaciones, lo cual se refleja en la interrupción del tránsito fluvial por el río Baudó y sus afluentes.

Por su parte, los habitantes del Alto Baudó están en zozobra por las advertencias de las AGC durante varias reuniones a las que los han llevado bajo presión, sobre sus intenciones de expandir la presencia armada y los controles sociales en la región.  

*Bogotá |Colprensa