La audiencia programada para ayer, en la que se esperaba la aceptación de cargos y posterior condena del sargento viceprimero del Ejército Nelson Enrique Rossi Garrido, fue suspendida a última hora luego de que este no aceptara el preacuerdo que firmó con la Fiscalía.

Rossi Garrido, quien estaba adscrito al Batallón de Servicios Número 30 Guasimales con sede en Cúcuta, fue detenido a finales de octubre de 2013 cuando se movilizaba en una motocicleta con 52 granadas de fragmentación de 40 milímetros.

Rossi, de 40 años y natural de Barranquilla, fue sorprendido por uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Niza transitando por la manzana 34, lote 6, del barrio Zulima, segunda etapa.

Cuando los uniformados le practicaron una requisa a la moto hallaron debajo del sillín las 52 granadas.

Para entonces, el coronel Javier Francisco Mora, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que las granadas incautadas al sargento pertenecían a diferentes lotes y tenían distintas fechas de fabricación.

“Ahora le corresponde a los investigadores determinar de dónde fueron hurtados estos elementos que son de uso privativo de las Fuerzas Militares y cuál era su destino final”, agregó el coronel Mora.

El comandante operativo de la Mecuc también sostuvo que la captura del militar se dio gracias a un trabajo conjunto con el Ejército que, al parecer, le venía siguiendo la pista a este uniformado por otros casos donde también estaría comprometida su presencia.

“Lo que hemos podido determinar es que este tipo de granadas, en el mercado negro, puede llegar a tener un valor promedio de $40.000, cada una. Eso depende del comprador que, en este caso, no sabemos quién pueda ser”, finalizó diciendo el oficial.

El sargento Rossi fue presentado ante un juez de control de garantías que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

En el transcurso del proceso, el sargento había llegado a dicho a preacuerdo en el que a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos recibiría un descuento en la pena. 

Ahora, el caso proseguirá a un juicio oral y público.

*La Opinión