Son muy graves las denuncias que ha hecho en los últimos días la comisión de empalme designada por el nuevo alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, para conocer el estado en que recibe la administración municipal y sus diferentes dependencias.

Por mandato de la Ley, el empalme es una obligación que deben cumplir las administraciones que entran y salen en las entidades territoriales, de acuerdo con claras directrices de Planeación Nacional y ajustándose a instructivos  especiales diseñados por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

No es, pues, un capricho o un asunto baladí que se pueda pasar por alto.

Según las disposiciones legales, el empalme debe cumplirse en tres fases: la primera entre los meses de setiembre y octubre y corresponde al informe de su gestión que debe entregar el alcalde saliente. La comisión designada por el alcalde Rojas Ayala asegura que esta primera fase no se cumplió y responsabiliza al exalcalde Donamaris Ramírez.

La segunda fase va entre noviembre y el 15 de enero para analizar la información recibida y recabar la adicional que se considera necesaria y pertinente.

En esta etapa, la comisión del nuevo gobierno dejó observaciones y formuló denuncias sobre presuntas irregularidades de las que también dio traslado a la Procuraduría.

El 15 de enero, el alcalde saliente debió en un acto público presentar su informe de gestión, lo cual no se hizo. Hasta el 25 de enero el alcalde Donamarís entregó a la comisión un informe de más de 2.000 folios. La comisión tiene 30 días para analizar y evaluar esa información.

La comisión del alcalde Rojas Ayala sostiene que su antecesor saboteó este proceso y denuncia haber encontrado graves situaciones de desgreño y corrupción en entidades como la EIS y en las secretarías de Hacienda, Educación, Tránsito e Infraestructura.

También denuncia la adjudicación exagerada de contratos y critica a la pasada administración por no haber hecho ninguna gestión de recaudo para recuperar cerca de 300.000 millones de pesos que los contribuyentes deben por impuestos y hasta multas de tránsito.

El no cobro oportuno de esta deuda podría considerarse daño o detrimento patrimonial de los recursos públicos del municipio de San José de Cúcuta.

Otras denuncias graves hechas por esta comisión se refieren a sobrecostos y a la adulteración o desaparición de información y documentos en algunas dependencias.

El saliente alcalde Donamaris Ramírez ha respondido que su sucesor no ha hecho sino “inflar el presupuesto y gastar sin control”.  Quien tiene la razón en este deplorable episodio no nos corresponde establecer.

Sí le corresponde y compete a los órganos de control y esperamos que ya hayan dispuesto de funcionarios y mecanismos para investigar en forma responsable y con celeridad las graves denuncias hechas en los últimos días por la comisión de empalme del nuevo alcalde de Cúcuta.

Igualmente deben encender las alertas los grupos de veeduría ciudadana y la comunidad en general, que es en últimas la que más se afecta con los manejos erráticos de la administración pública.

Los líos de los empalmes también se han presentado en Bochalema, Durania, Sardinata y Villa Caro, según lo ha hecho saber la Contraloría General del Departamento.

Toca, pues, actuar pronto y con diligencia, pues no se trata de asuntos de poca monta. Son hechos graves que hay que investigar hasta el fin y establecer las responsabilidades correspondientes.