La movilidad que se debe garantizar no es la de los automovilistas y sus vehículos, sino la de la gente que carece de ellos.
Una medida inútil
Lo dicen la lógica y la experiencia de los cucuteños en el ejercicio diario de moverse en la ciudad. Y lo reiteran expertos en movilidad. Cúcuta no necesita de las restricciones del sistema de pico y placa, sencillamente porque los problemas que pueden justificarlo no existen.
Acá, en las calles no se registran los atascos permanentes de tráfico que hay todos los días en otras ciudades, y que las paralizan, y el régimen de vientos que caracteriza la región parece ser, por ahora, junto con el gran inventario de árboles, una suficiente defensa del medioambiente.
O es que hay estudios que señalen en sentido diferente del conocimiento empírico de los vecinos que se extrañan de que se hable de congestión en zonas como Prados Norte, Quinta Bosch, El Bosque, Portachuelo o Quinta Oriental…
Porque a esos sectores se amplió la zona de restricción del pico y placa que está vigente como modelo pedagógico, luego de dar tumbos sin sentido alguno
Lo que no hay, en cambio, es disciplina, respeto al derecho ajeno y a la ley, compromiso de los automovilistas con la ciudad, y educación cívica. Tampoco hay, desde luego, autoridad capaz de frenar los abusos y de garantizar un mínimo de convivencia, y decididamente comprometida con hacer del respeto una costumbre.
¿Alguien tiene estadísticas de cuántos automovilistas o motociclistas son multados cada mes por estacionar donde no se permite? ¿O de cuantos taxistas son sancionados, junto con sus empresas, por apoderarse de calles enteras que aíslan como si fueran propias, para estacionarse de manera ilegal entorpeciendo el paso de todo tipo de vehículos?
¿Cuántos colegios han sido obligados a idear sistemas que no bloqueen el vecindario en las horas de entrada y salida de sus estudiantes o a obligar a sus maestros a que estacionen sus autos en sitios adecuados, no en la calle?
¿Cuántas veces la Policía ha despejado la Avenida Libertadores de autos en doble fila que se estacionan en las dos calzadas —frente a restaurantes, ventas de carros, supermercados o ventas de licor—, y que transforman la vía en un caos?
¿A quién o quienes le tiene miedo la Policía, que no actúa en esas zonas, ni en los alrededores de universidades ni en vecindades de hospitales y clínicas, ni en calles céntricas donde a veces hasta a los peatones les es imposible pasar?
El estudio de programas de pico y placa solo le ha quitado a la autoridad de tránsito el tiempo muy necesario para solucionar otros problemas, eso sí muy graves, como el de la falta de semáforos y señales, los abusos de los motociclistas y taxistas. Y el control de la medida, en concepto de automovilistas, solo ha servido para estimular la corrupción de funcionarios encargados de hacerla cumplir.
Además de que la norma se ha convertido en algo inocuo e inútil: nadie la controla, porque no hay personal suficiente. Y así, el único resultado es el obvio desgaste de la autoridad.
Si se trata de demostrar que se trabaja, establecer el pico y placa, y luego modificarlo según el nivel de la protesta popular, no es un buen método oficial. Hay maneras más productivas de hacerlo: cazar a los corruptos de la secretaría de Tránsito y entregarlos a la fiscalía, por ejemplo, puede ser una de ellas.
De todos modos, en el fondo de la equivocación, está el criterio errado que lleva a las autoridades a legislar, en materia de tránsito, en favorecimiento de los conductores, cuando es el peatón, el ciudadano de a pie, la persona, el objeto de cualquier medida.
La movilidad que se debe garantizar no es la de los automovilistas y sus vehículos, sino la de la gente que carece de ellos. Son las personas las dueñas de la ciudad, de sus calles, de sus puentes, de sus parques, no los conductores de autos y motos. Pero, ¿cómo hacer para que en el gobierno local lo entiendan así?.
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