La meta es recuperar la movilidad de las dos principales avenidas que atraviesan el centro: la quinta y la sexta.
Propuesta de reubicación de informales no convence a la Alcaldía
La propuesta de regular el espacio público presentada por la Asociación de Sindical de Vendedores Ambulantes de Cúcuta (Asovicut), con la cual se busca aportar una solución al problema de la invasión de andenes y calles, no termina por encajar en los planes de la alcaldía.
Se trata de darles una oportunidad laboral a los más de dos mil vendedores informales que ejercen su oficio en el espacio público del centro de la ciudad, pero a la vez aportar al orden en calles y avenidas.
La regulación apunta a que a cada vendedor se le ceda en un sitio específico en el centro (calles 5, 6, 7, 8 y 9 entre avenidas 5, 6 y 7, y la administración municipal respetará su presencia.
No obstante ser esta una propuesta de las mismas asociaciones de informales, a muchos de sus miembros tampoco les encaja la idea de abandonar el actual sitio que tienen en las avenidas para ir a uno en las calles antes mencionadas.
Uno de los inconformes es Samuel Herrera, quién dijo que lleva 12 años vendiendo correas en la esquina de la avenida séptima con calle 9: “Si tuviera que irme a una calle tendría que empezar de cero a hacer clientela, porque a mí me conocen es en la avenida novena”.
El secretario de Gobierno, Oscar Gerardino anunció que la meta en el presente año es recuperar la movilidad de las dos principales avenidas que atraviesan el centro: la quinta y la sexta.
Dijo que la consigna del alcalde César Rojas es no utilizar la fuerza ni atropellar a los vendedores para que abandonen el espacio público de estas dos vías.
¿Pero, cómo lograr una salida pacífica sin el empleo de la fuerza? A esta pregunta Gerardino respondió que a los informales se les va a ofrecer locales en el centro comercial Las Mercedes y en Cenabastos.
Una cosa sí dejó en claro el funcionario: no se va a permitir en el centro la presencia de vendedores de productos perecederos, como pescado, panela, frutas, verduras, entre otros. “Estos deben trasladarse a Cenabastos”, dijo.
En un mercado de hortalizas, panela y pescado está convertido el tramo de la avenida 7 con calle 6. El desorden allí es impresionante.
Trabajar en Las Mercedes y en Cenabastos fue algo que no aceptaron los informales en la pasada administración. “Así las cosas, no se explica uno a qué otro sitio sino a las calles irán las ventas que deban abandonar las avenidas quinta y sexta”, se preguntó Alejandro García, propietario de un almacén de telas.
Los comerciantes formales expresaron su preocupación y advirtieron a la alcaldía de que no están dispuestos a aceptar que las ventas callejeras abandonen el espacio público de las avenidas para ocupar el de las calles, “eso es inaudito”, dijo Cristóbal Restrepo, administrador de una cafetería en el centro.
Gerardino manifestó que no se va a autorizar la ocupación del espacio público en las calles. “Esta es una problemática de décadas y nosotros vamos a empezar a darles movilidad a las avenidas 5 y 6”, dijo el funcionario.
Otras voces
Diversas voces, unas en contra y otras a favor se escucharon ayer en torno al desalojo del espacio público en el centro para mejorar la movilidad de las personas.
La directora de Fenalco Norte de Santander, Gladis Navarro, dijo no conocer aún el plan que tiene la alcaldía para despejar el espacio público en el Centro, sin embargo, señaló que los vendedores callejeros hacen parte del problema de la informalidad que tiene Cúcuta y esto es algo que debe tener toda la atención de la admnistración municipal, para que se busque una solución equilibrada.
Por su parte, el abogado especialista en derecho administrativo, Alberto Acuña, señaló que la alcaldía no puede, en aras de garantizarles el derecho al trabajo a los vendedores, ceder espacios públicos para que ejerzan su oficio.
Le recordó al alcalde César Rojas que el espacio público les pertenece a los ciudadanos y ello lo ratifica la Constitución Política en su artículo 63, al señalar que los bienes de uso público son inalienables imprescriptibles e inembargables, y es deber del estado velar por su protección.
El concejal Oliverio Castellanos sugirió a Rojas diseñar una política pública para los trabajadores informales, en torno a que se les brinde una oportunidad para que devenguen sus sustento de una manera digna. “Llamo a todos los actores sociales para que se construya esta política”.
Agregó que no se puede seguir gastando plata para perseguir a los vendedores. “Yo no comparto que se invada el espacio público para intereses particulares”.
*La Opinión
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