El Concejo de Cúcuta acatará el fallo de tutela que amparó los derechos de la única candidata a la Contraloría municipal, Alix Yirley Vargas Torrado, y el próximo martes procederá con la elección, a las 5:00 de la tarde.

Anoche, la mesa directiva presentó la proposición a la plenaria, con el fin de dar trámite a la sentencia que se conoció esta semana por parte del Juzgado Noveno Penal Municipal, según la  cual, el cabildo sí quebrantó el debido proceso administrativo de Vargas Torrado, así como el libre acceso a la administración pública y el derecho al trabajo y, por lo tanto, debía convocar nuevamente la elección, con base en la lista que entregó la CUN, encargada del proceso de selección.

Aunque el presidente del Concejo, Víctor Fidel Suárez, aseguró que decidieron darle cumplimiento a lo ordenado por el juez, ayer mismo el fallo fue  impugnado, con el fin de que se revoque en su totalidad.

“Nosotros somos respetuosos de la ley y por eso vamos a acatar el fallo de tutela. Sin embargo, a la par presentaremos la respectiva impugnación, puesto que nos mantenemos en los argumentos que presentó nuestro apoderado, según los cuales no podíamos elegir con un solo candidato”, aseguró el concejal.

Como se recuerda, el constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra, quien asumió la defensa del Concejo, había pedido que se declarara improcedente la tutela presentada por la esposa del excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, toda vez que ella tenía a su disposición otros mecanismos para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, antes que el recurso de amparo.

El abogado también se refirió a la posición que tuvo  la mayoría de cabildantes frente a la única candidata que arrojó el proceso de selección hecho por la CUN, de votar en blanco, y explicó que no era posible la elección de contralor “por ausencia de pluralidad de candidatos”.

“Surge entonces de lo expuesto que la convocatoria pública para la elección de contralores departamentales, municipales o distritales, deberá culminar con una pluralidad de aspirantes, entre los cuales se llevará a cabo la elección por la respectiva corporación pública. (...) Si no existe esa pluralidad de candidatos, la convocatoria pública no alcanzó la finalidad constitucional que se le asigna, pues no hay elección cuando no hay posibilidad de escogencia entre dos o más candidatos”, explicó Beltrán Sierra.

No obstante sus argumentos, el juez noveno penal municipal, César Alejandro Ordóñez Ochoa, consideró que la inconformidad que manifestó el Concejo en el sentido de que estaba imposibilitado para elegir por cuanto no había pluralidad de aspirantes en la lista final, desconoce los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil, para la elección de contralores, así como algunas “previsiones” de ley.

Al revisar los argumentos de la parte demandada, Ordóñez Ochoa  también consideró que en el caso de la elección de contralor, sí era viable y procedente “como expresamente lo previó la Ley 5, elegir de lista con el nombre de un solo candidato, consecuencia de convocatoria”.

Mientras se resuelve la impugnación, el Concejo deberá acatar la orden del juez, toda vez que este recurso no es suspensivo, es decir, no le pone freno al cumplimiento de las decisiones hasta que se resuelva.

Rechazan amenazas

A raíz de las amenazas que denunció la única candidata a contralora municipal, Alix Yirley Vargas Torrado, a fin de que se aparte del proceso mediante el cual se busca definir el sucesor de Carlos Eduardo Coronel, el presidente del Concejo, Víctor Fidel Suárez, rechazó el ambiente enrarecido en que ha caído dicho trámite.

“En mi condición de concejal y ciudadano rechazo cualquier tipo de amenazas en contra de la doctora Yirley, de cualquier ciudadano. Me solidarizo con ella y con sus familiares”, manifestó el cabildante.

El dirigente reconoció que la elección de contralor ha resultado ser un asunto complicado, en el que él mismo ha sentido temor, por cuanto diariamente es objeto de insultos.

Días atrás también se conocieron otras denuncias de supuestas amenazas en contra de algunos concejales que participan del proceso, las cuales ya se encuentran en manos de las autoridades.

La Unidad Nacional de Protección viene estudiando los casos y analizando el nivel de riesgo de los integrantes de la corporación administrativa municipal.

*La Opinión