Reciprocidad también sería que Colombia comenzara a deportar a los venezolanos que viven acá.
La reciprocidad
Es muy fácil exigir reciprocidad cuando no se tiene la menor idea de lo que esa palabra significa. Porque esa correspondencia mutua de un país con otro, por ejemplo, parece que para Venezuela solo es posible que exista solo si se satisfacen sus intereses y apetencias, pero no las de Colombia.
El asunto es que, para el gobierno revolucionario de Caracas, la frontera con Colombia solo será reabierta “cuando haya la reciprocidad y las condiciones estén dadas, pero falta mucha reciprocidad y corresponsabilidad por el gobierno de Colombia”.
En esos términos habló Zoraida Parra, presidenta del Consejo Legislativo de Táchira (Clet), en reunión con los más altos representantes del gobierno y de la revolución en el estado vecino.
En el criterio de la diputada subyace un deseo del gobierno venezolano de colegislar, es decir, de obligar al gobierno colombiano a tomar las medidas que a Caracas le parecen bien y a derogar las que le parecen contrarias a sus intereses.
Y una que no agrada a los gobernantes del país vecino es la resolución 8 del Banco de la República, que autoriza el intercambio directo de monedas con los países vecinos, sin tener que acudir al dólar estadounidense.
Para el presidente Maduro y su gobierno, esta resolución de 15 años atrás es causa de que en Cúcuta y Villa del Rosario, por ejemplo, el bolívar valga solo 4 pesos. Según ellos, la devaluación galopante del bolívar se debe a la resolución 8 y no a los graves errores del gobierno venezolano en asuntos de manejo económico.
En cuanto a la reciprocidad, quizás estén esperando que, cuando termine el cierre fronterizo determinado por Maduro sin consultarle a nadie en Colombia, el gobierno del presidente Santos cierre la frontera por el mismo tiempo. Y, claro, sin consultarle a nadie en el lado venezolano.
Reciprocidad también sería que Colombia comenzara a deportar, en forma masiva y sin fórmula de juicio, a los venezolanos que viven acá, y que además les impidiera llevarse sus menajes. O que les impidiera a todos los venezolanos, así fueran estudiantes o enfermos, cruzar la raya en busca de nuestras escuelas y de nuestros hospitales.
También sería reciprocidad estacionar en la frontera fuertes contingentes de soldados bien apertrechados mostrándoles los dientes y haciéndoles gestos de amenaza a los vecinos.
Pero, lo sabemos, nada de eso va a ocurrir jamás. El respeto del derecho, de todos los derechos, es una prioridad en un Estado organizado y democrático como el que tenemos de este lado del caos, del abuso y de la incertidumbre…
Caracas está convencida de que el manejo del Estado acá es lo mismo que el de ellos, es decir, dependiendo todo de un presidente tan omnímodo que es el equivalente preciso y repudiable del dictador, facultado para ordenarle al órgano judicial a juzgar o no a alguien, y al legislativo, a aprobar o desaprobar normas. Y no como sugerencia, sino como una orden.
Acá, las autonomías se respetan. Así, el Banco de la República acepta, si acaso, sugerencias del presidente, pero nada más. Aunque quisiera, el presidente nada puede hacer para que el Banco modifique o derogue o ajuste la resolución 8.
Si Venezuela no quiere abrir su frontera, es su decisión, pero que no culpe a Colombia de sus numerosos y gravísimos problemas que la tienen en una coyuntura casi de estado fallido que rueda colina abajo hacia un despeñadero del que, ojalá no suceda, podría no salir.
En vez de andar diciendo sandeces, a algunos revolucionarios del vecindario mejor les valdría buscar la forma de satisfacer las necesidades de sus gentes, a las que su gobierno les ha quedado chucuto, como ellos dicen, para brindarles la felicidad que les quitaron en un momento de descuido.
Y que no insistan en que Colombia sea recíproca, porque de hacerlo podría nos gustarles.
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