La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó analizar la legalidad de las medidas ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama sobre alivio migratorio en noviembre de 2014 y que aún se encuentran bloqueadas por la justicia.

El complejo decreto permite la regularización de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular, aunque las medidas fueron suspendidas después que un tribunal federal de Texas cuestionara su constitucionalidad, alegando que Obama se excedió en sus atribuciones.

La iniciativa de Obama es considerada una ‘amnistía’ para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.

La principal medida incluida en los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.

En la práctica, la implementación de los decretos literalmente “blinda” a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes.

Autoridad cuestionada

Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.

Paxton señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial “fueron excedidos cuando el presidente unilateralmente buscó garantizar una ‘presencia legal’ de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente”. Entre los alegatos contra las medidas, Paxton había criticado el costo adicional que tendría para Texas y los otros Estados la emisión de licencias de conducir para los inmigrantes regularizados.

De acuerdo con Paxton, “al decidir analizar el caso, la Corte Suprema reconoce la importancia de la separación de poderes”. El anuncio, en cambio, fue inmediatamente aplaudido por legisladores aliados a Obama y por entidades de defensa de los derechos civiles. Para Todd Schulte, presidente de la influyente organización FWD, los decretos de Obama “están plenamente apoyados en la ley, y por ello la decisión de la Suprema Corte de analizar la situación es un paso “en la dirección correcta”.

Washington | AFP