Catatumbo es una de las regiones más afectadas por el conflicto en el país. Observamos que representa un gran interés para grupos armados ilegales por su característica fronteriza y es la única región en el país que cuenta con la presencia simultánea de las Farc, Eln y Epl desde hace décadas.

Este contexto hace necesaria la implementación de planes específicos y sostenidos para lograr la consolidación de la paz.

El 82% de los desplazamientos incluidos en el Registro Único de Víctimas en 2015 (hasta el 1 noviembre) por hechos ocurridos en Norte de Santander se produjeron en esta región. La tasa de desplazamiento por 100.000 habitantes en el Catatumbo fue 1.8 veces superior a la del departamento del Chocó en ese periodo, una de las más altas del país.

Los datos del DANE 2012 alertan de un índice promedio de necesidades básicas insatisfechas (NBI), en 9 municipios del Catatumbo, del 33.70% en la zona urbana y 71.44% en la zona rural. Este promedio rural es 3.2 veces superior al de la zona urbana de Cúcuta y 7.8 veces superior al de la zona urbana de Bogotá. Es asimismo equiparable al valor promedio encontrado en la zona rural del Chocó e incluso superado en los municipios de Hacarí, El Tarra y San Calixto.

El 46% de la población de estos municipios se encuentra en la zona rural por lo que el tratamiento del Catatumbo en la etapa de construcción y consolidación de la paz implicará una inversión adecuada y efectiva en este sector de población que engloba tanto a campesinos como al Pueblo Barí. Cada uno de los cuales, a través de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y autoridades indígenas respectivamente, tienen propuestas diferenciadas sobre cómo avanzar en la mejora de su calidad de vida.

Estos retos en materia de derechos económicos, sociales y culturales son consecuencia, no solo de la prevalencia del conflicto, sino de una inversión social que no ha logrado avanzar en la garantía de un adecuado disfrute de derechos tales como el derecho de los pueblos indígenas al territorio, a un desarrollo de acuerdo con su visión cultural, a una educación y servicios de salud pertinentes y de calidad y del derecho de la población campesina y urbana marginada a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la tierra, a la salud y a la educación. Estas carencias han contribuido también a un contexto propicio para incrementar la dependencia económica del cultivo de coca de un sector importante de la población del Catatumbo.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su comentario general No. 25 sobre el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, vinculante para Colombia por formar parte del pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, reconoce mecanismos de participación directa de la ciudadanía como elementos del cumplimiento de este derecho.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los gobiernos deben establecer mecanismos para que los pueblos étnicos participen libremente en la toma de decisiones sobre los temas que les conciernen.

Ejemplos como la MIA Catatumbo, espacio de diálogo entre el gobierno nacional y regional con la asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) instalado en agosto de 2013, dan cuenta del valor de las organizaciones sociales para visibilizar las problemáticas urgentes de la región del Catatumbo, pero también demuestran que sus aportes para debatir y considerar propuestas de soluciones en los territorios son fundamentales.

Una actitud proactiva de las instituciones públicas para establecer y/o reforzar espacios que generen la participación adecuada y efectiva de las organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal, Asojuntas y el Pueblo indígena Barí será la base principal para asegurar que el proceso de construcción de paz se concrete en acciones que logren transformar la situación de derechos humanos de la región del Catatumbo. Por eso, es fundamental que todas y todos entendamos que incluir y participar son claves en la construcción de la paz.

Todd Howland

Representante en Colombia del Alto Comisionado delas Naciones Unidas para los Derechos Humanos