La infanta Cristina compareció este lunes ante tribunales en Palma de Mallorca para el inicio de un histórico juicio en el que se le acusa de ayudar a financiar su lujoso estilo de vida con fondos que su esposo recibió de un supuesto plan de malversación de fondos públicos destinados a conferencias y eventos deportivos.
 
Cristina, de 50 años, y su esposo, Iñaki Urdangarin, no hicieron declaraciones durante la audiencia, mientras sus abogados y la defensa de otros 16 acusados adicionales presentaban argumentos para tratar de excluir a sus clientes de los procedimientos y retirarles los cargos.
 
La hermana del rey Felipe VI de España, está acusada de dos delitos de evasión fiscal que suponen una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces que es propiedad de ella y su marido, un medallista olímpico de balonmano convertido en empresario.
 
Jesús María Silva, abogado de la infanta, así como un fiscal y un abogado del estado que representa a las autoridades fiscales españolas, dijeron que deben retirarse los cargos en contra de Cristina porque las autoridades están de acuerdo en que ella no cometió delito alguno y que debe enfrentar a lo sumo una multa administrativa por evasión fiscal.
 
Un panel de tres jueces decidirá en las próximas semanas si avala estos argumentos o le da la razón a un juez de instrucción que pasó cuatro años sondeando el caso y que resolvió que podía seguir adelante debido a la evidencia presentada por un grupo privado que lucha contra la corrupción, llamado Manos Limpias.
 
Los jueces tendrán que sopesar si la pareja incurrió en abusos a través de la consultora inmobiliaria Aizoon, descrita en documentos judiciales como una empresa de fachada para financiar vacaciones de lujo, fiestas en su mansión modernista de Barcelona y clases para bailar salsa.
 
Según una peculiaridad de la ley española, grupos civiles como Manos Limpias pueden presentar cargos penales contra personas aunque la fiscalía no lo haga.
 
El juicio marca la primera vez que un miembro de la familia real española afronta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975.
 
Urdangarin y otros están acusados de desviar hasta 6,2 millones de euros (6,8 millones de dólares) de contratos inflados o que nunca derivaron en un trabajo real. El esposo de Cristina, quien tenía el título de duque de Palma, afronta cargos por supuestamente haber utilizado ese título para conseguir acuerdos a través del Instituto Noos, una organización sin ánimo de lucro que dirigía con su socio Diego Torres.
 
El lunes, el abogado de Torres renovó su llamado a que se le permita citar al rey emérito Juan Carlos I y su hijo, el actual monarca, como testigos, presumiblemente en un intento por obtener algún testimonio que sugiera que los tratos negociados por Noos estuvieron condonados o aprobados por la familia real mientras Juan Carlos era rey hasta 2014.
 
El lunes, Cristina y su marido entraron al tribunal sin hablar con los periodistas bajo estrictas medidas de seguridad para mantener alejados a manifestantes contrarios a la monarquía. Las autoridades detuvieron a un manifestante con una bandera republicana poco antes de que la infanta llegara al lugar en un automóvil con cristales tintados.
 
Las autoridades permitieron que un pequeño grupo protestara en las cercanías después de que comenzó la audiencia, en agudo contraste con las manifestaciones de 2014, cuando miles de personas se manifestaron contra la monarquía, mientras Cristina respondía a las preguntas planteadas por un juez de instrucción.
 
El caso tiene tantos acusados y abogados, además de periodistas que cubren el proceso, que las autoridades judiciales se vieron obligadas a trasladar el juicio de la sala del tribunal a un amplio edificio a las afueras de Palma de Mallorca, que suele utilizar para impartir cursos masivos de formación a funcionarios.
 
El caso se instruye en la capital regional de Islas Baleares porque muchos de los negocios de Urdangarin que se investigan se hicieron en el archipiélago balear.
 
Durante su comparecencia a puerta cerrada en 2014, Cristina negó tener conocimiento de las actividades de su marido y un fiscal recomendó que se la sancionara sólo con una multa, pero un juez decidió que Cristina podía ser procesada por evasión fiscal en 2007 y 2008.
 
Los detalles sobre los lujos que se daba la pareja y que surgieron de la investigación previa al juicio, de 2011 a 2014, enfureció a los españoles mientras el país estaba al borde de una crisis económica y la tasa de desempleo alcanzaba el 27%.
 
El caso también afectó al padre de Cristina, el rey emérito Juan Carlos I, que se recuperaba de una fractura de cadera durante un viaje de caza de elefantes en 2012 considerado como un ejemplo de excesos monárquicos. Juan Carlos abdicó en 2014, alegando que la realeza española necesitaba renovarse.
 
Al asumir el trono, el rey Felipe VI prometió restaurar la confianza pública en la monarquía española. Después despojó a Cristina y a su hermana mayor, Elena, de sus papeles como miembros oficiales de la familia real, aunque no han perdido sus puestos en el orden de sucesión a la corona.
 
Se espera que la fase de testimonios inicie el 9 de febrero y que el juicio dure hasta junio.

Palma de Mallorca | AP