Esta Navidad no fue del todo como esperaba el presidente Juan Manuel Santos, quien en medio de las discusiones en Cuba sobre justicia transicional, propuso que si se firmaba el punto del fin del conflicto antes de terminar el año, daría paso a un cese bilateral como “aguinaldo” para los colombianos.

Pero la discusión de este álgido tema de la agenda será el reto con el que iniciará un nuevo año de diálogos en La Habana, pues las conversaciones al respecto avanzaron lento por las diferencias entre el Gobierno y las Farc sobre las “precisiones” que quedaron pendientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Disenso que no fue evidente el 23 de septiembre, cuando la imagen del apretón de manos entre el presidente y el jefe máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, le dio la vuelta al mundo; no solo por el esperado acuerdo en materia de justicia, sino por el plazo último que se le dio al proceso de paz.

Además de sentar las bases de la JEP, desde esa fecha empezó a correr un lapso de seis meses, autoimpuesto por las partes, para evacuar pendientes de la agenda, como la reparación integral a víctimas y el punto del fin del conflicto.

Sin embargo, muy pocos días después Iván Márquez, jefe de la delegación de la guerrilla, encabezó pronunciamientos en los que planteó dudas sobre el tiempo, pues dijo que los seis meses para firmar la paz empezarían a correr una vez resueltos los “pendientes de la justicia”.

Eso quedó resuelto el pasado 15 de diciembre, cuando se divulgó en Cuba el acuerdo integral de víctimas y su componente especial de justicia. La fecha coincide con la mitad del plazo fijado para firmar la paz, por lo que analistas que siguen los diálogos, opinaron sobre, en realidad, qué tan cerca está la mesa de llegar a la meta del próximo 23 de marzo.

Cónclave por la paz

Para Ariel Ávila, politólogo de la Universidad Nacional y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno pondrá el pie en el acelerador, buscando superar retos que se avecinan a la mesa, como la dejación de armas, la desmovilización y la reinserción.

Para esto, los negociadores adoptarán un nuevo modelo de negociación ininterrumpida hasta lograr avances, tal como lo propuso el Gobierno a través de Enrique Santos, hermano del presidente y su emisario en Cuba.

“El Gobierno va a hacer lo imposible por cumplir esa fecha. Van a pisar el acelerador desde el 12 de enero, al reiniciar los ciclos, tratando de cumplir varios cronogramas simultáneamente”, indicó Ávila.

Estos cronogramas, según explicó el analista, estarán ligados al trabajo de las comisiones paralelas, como la de militares activos. También al acompañamiento de delegados de la ONU, la Unión Europea y la Unasur, que se encargarán de definir cómo será la verificación en las zonas de concentración de la guerrilla.

“Falta por negociar el modelo de seguridad en el posconflicto, las condiciones propias de la dejación de armas y la verificación. Por eso, las Farc dicen que van a extender el plazo, porque no quieren que se negocien de afán las garantías para que no los exterminen una vez firmada la paz”, agregó Ávila.

Un asunto de voluntades

De otro lado, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), explica que el plazo del 23 es un compromiso político que solo se cumplirá en la medida que haya voluntad de las partes, en particular de las Farc.

“La guerrilla aún está lejos de hacer una renuncia definitiva al uso de la fuerza, la violencia y la intimidación para perseguir sus propósitos y eso los separa del acuerdo, porque lo que resta no tiene mayor dificultad en términos de negociar”, interpreta este observador del conflicto.

Además de la dejación de armas, la verificación y la concentración, como condiciones necesarias para una tregua bilateral y definitiva, faltan también discusiones políticas en el terreno de juego.

El Gobierno ya prepara la que será la campaña para el plebiscito mediante el cual se refrendaría lo acordado, mientras que le apuesta desde el Congreso es a una comisión legislativa especial para implementar lo acordado.

Esto mientras las Farc y un reducido sector político insisten en la idea de llevar los acuerdos a una Asamblea Nacional Constituyente.

“Este no es un asunto de tiempo, sino de voluntad de la guerrilla. Voluntad que ha expresado en asuntos como (la petición de) el perdón y (el ofrecimiento de) la reparación a víctimas, pero que necesita extenderse a la utilización de las armas para protegerse y extraer rentas criminales y a la desactivación de las economías criminales”, explicó Restrepo.

Entrega o dejación

Otras voces cuestionaron la diferencia semántica que surgió en la mesa, sobre el término “dejación” o “entrega” de armas. Mientras que los críticos esperan ver a desmovilizados entregando sus armas, la insurgencia propuso la primera opción.

El debate lo atizó recientemente Iván Márquez, al asegurar que “no va a haber entrega de armas, no van a ver a un guerrillero de las Farc entregándole a un representante del alto Gobierno este fusil o ametralladora”.

El guerrillero explicó que las armas se van a ubicar en un lugar lejos de su uso, bajo la verificación internacional; una propuesta que para el conservador y exalto comisionado de Paz, Camilo Gómez, no garantiza una paz estable y duradera.

“Es cierto que en Cuba hay una negociación, no una rendición, pero sin entrega de armas no se puede hacer nada. Hacer políticas con armas no es una opción, como tampoco puede ser opción que ellos simplemente guarden sus armas”, argumentó Gómez.

Una opinión similar tuvo el excandidato a la Vicepresidencia por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, quien calificó como irrelevante el plazo del 23 de marzo, si aún no se precisan los vacíos de los acuerdos ya firmados.

“Tal como acaba de suceder con el acuerdo de justicia, esos acuerdos suscitan muchas dudas. La reacción negativa de Human Rights Watch demuestra preocupaciones respecto a los elementos de impunidad que contiene el artículo. Las mismas preocupaciones que hay sobre lo que se va a discutir ahora”, explicó Holmes Trujillo.

En ese sentido el catedrático pidió que la discusión en Cuba garantice la verificación “sólida, con músculo económico y político” de las zonas de concentración para la guerrilla.

El gobierno responde

Frente a los cuestionamientos que han surgido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que las contradicciones son legítimas y el Gobierno las respeta.

No obstante, insistió en que el único objetivo del presidente Juan Manuel Santos es poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

“Precisamente queda el punto del fin del conflicto, de determinar la forma cómo se van a desmovilizar los integrantes de las Farc, la reinserción de ellos y la verificación. Una vez cerrado ese punto, se cerrará la agenda, se firmará el acuerdo final y colombianos podrán ir a las urnas a decidir por el Sí o por el No”, dijo.

*Lorena Beltrán| Bogotá, (Colprensa)