El expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez criticó el anuncio del Gobierno sobre el tratamiento diferencial que tendrán los agentes del Estado, esto tras conocerse el marco de justicia transicional acordada en Cuba.

“El acuerdo de justicia iguala a las Fuerzas Armadas con Guerrillas y el Gobierno trata de aparentar lo contrario (…) facilita la absolución y elegibilidad de Farc y obligará a militares, policías y civiles a reconocer crímenes no cometidos para evitar cárcel”, dijo el expresidente.

En el documento de diez puntos el Gobierno reconoce que se han cometido violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, por lo que plantea lineamientos para la resolución definitiva de la situación jurídica de los Agentes del Estado, sustentados en el principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, el líder del Centro Democrático señaló que los integrantes de las Fuerzas Armadas deben tener un alivio judicial, pero “sin impunidad y sin las condiciones de la justicia de la guerrilla”.

Una posición similar tuvo el senador Alfredo Rangel, quien rechazó que se meta “en el mismo saco” al Ejército Nacional con los miembros de la guerrilla.

“Con la carnada de algunos beneficios a los militares, al país le quieren hacer morder el anzuelo de la impunidad para las Farc”, dijo.

Otra preocupación de esta bancada es la elección de los magistrados del tribunal especial de paz, que según el presidente Juan Manuel Santos no será “a dedo”, ni tampoco serán elegidos por la guerrilla.

Según el congresista Iván Duque los jueces de los militares serán escogidos por la guerrilla, dejando a un lado la Justicia Penal Militar-

Por su parte, Ernesto Macías, senador del uribismo, calificó como una imposición de las Farc, equiparar los beneficios jurídicos a los cabecillas de la insurgencia y a los agentes del Estado.

“Jurisdicción especial de justicia para los militares, debe tramitarse en el Congreso y concertarse con las Cortes y los propios militares. Militares merecen una jurisdicción especial de justicia, pero el modelo nunca debe negociarse con los criminales”, dijo el parlamentario.

Ante esas acusaciones el copresidente de la comisión de paz del Congreso, Roy Barreras, defendió que la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares no se ha negociado en La Habana, sino que es un debate unilateral del Gobierno Nacional.

No obstante, señaló que no hay claridad en la configuración definitiva de las sanciones para agentes del Estado, que según el documento revelado el sábado será propuesta por el Gobierno Nacional antes de que se firme el acuerdo final.

Quien también se mostró de acuerdo fue la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien consideró que este régimen jurídico con tratamiento diferenciado a miembros de la Fuerza Pública beneficia al país.

“Se buscó una propuesta que sea lo más satisfactoria para las exigencias que hemos escuchado de las víctimas de todos los lados, de los paramilitares, de las Farc y desafortunadamente de las Fuerzas Militares”, dijo.

¿Qué dicen los militares?

Los comandantes de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y del Ejército, General Alberto José Mejía, se mostraron complacidos con la Jurisdicción Especial para las Fuerzas Armadas firmada este sábado. Los dos militares reconocieron como un logro que este acuerdo haya sido autónomo y sin la participación de las Farc.

Refiriéndose a los puntos de simetría, equidad, singularidad y la latencia, Rodríguez aseguró que "los agentes del Estado han salido favorecidos con la determinación, así que deben estar agradecidos con el Gobierno Nacional por la determinación que demuestra un respaldo a los miembros de la Fuerza Pública, cumpliendo la promesa del Presidente de que habría beneficios en materia de Justicia para los uniformados en los escenarios de paz así como lo habría para las Farc".

Quien saludó el acuerdo, pero advirtió ambigüedades en su contenido, fue el General en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), quien señaló que aún no está totalmente claro cómo serán juzgados los militares y que es necesario que las Cortes o Congreso den valor jurídico al tribunal especial.

“Preocupa saber cómo y quiénes serán los magistrados y jueces que van a juzgar”, dijo Ruiz y reiteró que no pueden igualarse jurídicamente las Fuerzas Militares pues “son un organismo del Estado, que cumpliendo misiones institucionales pudo haber excesos o equivocaciones, pero no puede darse el mismo trato que a los bandidos”.

Asimismo, el general consideró que deben darse a conocer cuántos expedientes tiene la Fiscalía contra la Fuerza Pública y cuántos contra la guerrilla.

"Es más un acuerdo político que jurídico"

Para Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, el acuerdo dependerá del marco que tenga su legislación; si será con base en los Derechos Humanos o el Derecho Internacional.

Según el experto, las declaraciones de las Farc dan a entender que quieren buscar una legislación basada en los Derechos Humanos, pero en términos legales, el único que viola esas normas es el Estado.

Por el contrario el Derecho Internacional Humanitario aplica para ambos mandos, igualando las fuerzas beligerantes, pues lo que mide es cómo se comportaron las partes militarmente en el terreno de la guerra.

“Lo que llama la atención es el susto del presidente de que las Fuerzas Militares queden contentas con el acuerdo. El compromiso anunciado es más político de jurídico, es un pacto entre caballeros”, dijo Sahid.

Específicamente hizo referencia al punto sobre la responsabilidad del mando y otros superiores, donde se aclara que la jurisdicción especial no solo determinará la responsabilidad fundada exclusivamente en el rango o jerarquía, sino en el control efectivo de la respectiva conducta y el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, y después de la realización de la respectiva conducta.

“Pareciera es que Santos no quiere problemas con los altos mandos, con generales y coroneles. Es una declaración de intencionalidad, de voluntad política que carece de una vinculación jurídica para las Fuerzas Militares”, concluyó el académico.

*Bogotá | Colprensa