Durante los 120 días que este 19 de Diciembre se cumplen del cierre total de fronteras, el gobierno venezolano ha dejado de percibir unos unos 85 millones de dólares por la paralización de las actividades económicas binacionales en matera de aranceles aduanales.

La cifra fue aportada por la diputada electa por el circuito de frontera en Táchira Laidy Gómez, durante la asamblea de ciudadanos que este viernes se dio cita en la plaza Bolívar de San Antonio para exigir la reapertura del paso fronterizo.

Los diferentes gremios de transportistas recalcaron que unos 16.000 trabajadores del volante en las áreas de transporte público, carbón y transporte de carga se han visto afectados por la medida.

"Son 16.000 padres de familia que en 120 días no han podido poner comida en la mesa, que se han comido sus ahorros en el pago de alquileres y que no saben cómo van a pagar los 200 millones de bolívares que están generando cada uno de los 150 camiones que permanecen estacionados en el lado colombiano de la frontera”, expresó Celestino Moreno, presidente del Sindicato del Transporte de Carga.

Agregó que el gremio ya no aguanta más la paralización de actividades s la que se ha visto forzado.

“La abren o la abren”

(Vecinos de la frontera asistieron a una asamblea con diputados eletos al parlamento nacional en la plaza Bolívar de San Antonio para exigir la reapertura de la frontera.)

Con relación a la situación del cierre fronterizo, el también diputado por la frontera, Franklin Duarte fue enfático al afirmar que desde el nuevo parlamento harán "lo que sea necesario, pero la frontera la abren porque la abren".

En este sentido fueron definidas por la asamblea de ciudadanos tres rutas de acción en caso de que el gobierno venezolano decida extender el estado de excepción o mantener el cierre fronterizo.
La primera de ellas sería la derogatoria del decreto de cierre por parte de la nueva Asamblea Nacional. En segundo lugar la activación de un referéndum consultivo en el que mediante el voto popular se ordene al Ejecutivo el cese de la medida.

Una tercera propuesta que surgió del seno de las propias comunidades es la organización de un paro cívico que cuente también con el concurso de las fuerzas vivas del lado colombiano de la frontera para que se realice de forma simultánea a ambos lados de la franja binacional.

La exigencia generalizada entre las fuerzas vivas de San Antonio y Ureña es la inmediata reapertura de los puentes y la reactivación de la actividad comercial binacional, que traería un poco de oxigeno a una frontera asfixiada por las restricciones gubernamentales.