El primer paso para respetar a una persona es que esa persona se respete ella misma, que demuestre que está por encima de las circunstancias, por más adversas que sean. Eso se llama dignidad.

Ese valor de respeto hacia uno mismo es lo que les da un aura de grandeza a algunas personas, y hace objeto de burlas a quien no se atreve a demostrar que deben respetarlo. La dignidad es mucho más que el orgullo.

Por orgullo, un magistrado, por ejemplo Jorge Pretelt, es capaz de quedarse en su cargo a pesar de que, en el proceso judicial que le anunciaron será ofendido y eventualmente humillado, si le demuestran que cometió al menos una de tantas faltas que le endilgan en lo personal y lo profesional, incluido el delito de concusión.

Resistirse a renunciar o al menos a marginarse del cargo durante el tiempo del juicio en el Congreso, con el argumento de que es inocente, no está bien para un magistrado de la Corte Constitucional del que se suponen unos estándares en lo moral y lo legal mucho más altos y estrictos que para cualquiera otra persona.

Es equivocado para un alto magistrado actuar así, pues se está otorgando ventajas sobre todos los demás ciudadanos vinculados al sector público a los que se obliga a desvincularse de la función pública para atender requerimientos de la Justicia. Y ese tipo de ventajas no es ni justa ni procedente.

Al contrario, es muestra de arrogancia y soberbia, un abuso de poder que desdice de las calidades personales que se supone debe tener un funcionario del más alto nivel en la estructura burocrática del Estado.

Con su actitud, Pretelt pisotea la Justicia que administra y que le ha dado la dignidad de Juez encargado de velar por la integridad de la Constitución y pone en cuestión la integridad y la legitimidad de la Corte Constitucional.

¿Dónde quedan, con la actitud de Pretelt, la seriedad y la ponderación que son cualidades inherentes a un juez de la mayor categoría? ¿Y dónde queda el concepto de que ninguno de los cargos públicos es propiedad del funcionario que lo ocupa temporalmente? ¿De dónde saca Pretelt que por ser inocente no puede dejar de ser magistrado?

Si prefiere pasar por la vergüenza de que lo destituyan, pues es su decisión; él sabe perfectamente que cuando la Cámara de Representantes envíe al Senado su informe con la acusación a Pretelt, “el acusado quedará de hecho suspenso de su empleo”. Es decir, dejará de ser magistrado.

Y renunciar, que hoy era una decisión altiva en defensa de su dignidad de hombre y de profesional, quedará ese día convertida en un simple despido laboral por sospecha de cometer un delito.

Según la acusación, Pretelt pidió a un abogado 500 millones de pesos para ‘hablarle al oído’ a otro magistrado a fin de que un fallo que debía pronunciar se diera en beneficio de la Fiduciaria Petrolera S. A. (Fidupetrol), ahora en proceso de liquidación forzosa.

En la investigación han surgido detalles insospechados de la vida financiera del magistrado y su familia, algunos relacionados con la propiedad de tierras que les fueron arrebatadas por paramilitares a colonos en Urabá.

Renuncie o no, lo condenen o no, Pretelt ya pasó a la historia como un alto funcionario del Estado involucrado en una clase de soborno, y como el primero de los magistrados sometidos a proceso en el Congreso.

Mientras tanto, hay que concederle la razón al profesor de la Universidad de La Sabana Hernán Olano, quien sostuvo que “no podemos volver a la época del 95, con el ‘aquí estoy y aquí me quedo’ (del entonces presidente Ernesto Samper); hay que tener realmente dignidad”.

Pero parece que mientras más arriba es más escasa.