La información entregada por un informante fue certera y culminó con la condena a 10 años de prisión de dos hombres señalados de pertenecer al Clan Úsuga.

Los datos suministrados a las autoridades daban cuenta de la existencia de una casa ubicada en el barrio Pamplonita del corregimiento de Agua Clara (Cúcuta), en la vía a Campo Alegre, donde un grupo de personas se reunían para planear extorsiones y ‘vacunas’, además de guardar armas de fuego.

El allanamiento fue practicado el pasado primero de febrero y en él tres hombres y una mujer fueron sorprendidos dentro del inmueble, donde las autoridades encontraron seis granadas, tres pistolas calibre 9 milímetros (marcas Sigpro y Sig Sauer) y un fusil Ak-47, además de proveedores y municiones de diferente calibres.

Los capturados fueron identificados como Lacides Díaz Ávila, de 29 años, nacido en Moñitos (Córdoba) y José Villamizar, de 36, de Cúcuta, quienes aceptaron los cargos; además, Víctor Julio Rodríguez García, quien enfrenta un proceso por separado, y una mujer que posteriormente quedó en libertad.

Para entonces, el coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que  Villamizar presentaba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y Lacides Díaz, por hurto calificado y lesiones personales.

“Los detenidos se dedicaban a la comisión de actividades delictivas relacionadas con el sicariato, tráfico y transporte de armas de fuego y material explosivo, así como el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes del sector, finqueros, ganaderos, transportadores y contrabandistas”, señaló el oficial.

Los detenidos fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cúcuta que legalizó sus capturas y les impuso medida de aseguramiento en prisión, sin que se allanaran a los cargos.  

Preacuerdo

Ante el contunde material probatorio en su contra, sumado a la captura en flagrancia, Díaz Ávila y José Villamizar optaron por llegar a un preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar su responsabilidad, a cambio de una rebaja del 12.5 por ciento en la pena y así evitar ir a un juicio, donde no obtendrían beneficios y podrían enfrentarse a una pena más alta.

La Fiscalía les imputó los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y porte ilegal de armas de uso personal.

Dicho preacuerdo fue aprobado por un juzgado especializado de la ciudad que los condenó, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

“En cuanto a la responsabilidad de los señores Díaz y Villamizar, obra en su contra el que hayan sido capturados en flagrancia, pues fueron sorprendidos en el mismo sitio donde se encontraron las armas, los explosivos y la munición. Todo ello, sumado a la aceptación de su responsabilidad al preacordar con la Fiscalía”, señala un aparte de la sentencia.

La Opinión