Faltando tan solo mes y medio para culminar el mandato, el alcalde de Puerto Santander, José Eriberto Muñoz Ruiz, tendrá que abandonar su despacho, toda vez que la Procuraduría Regional de Norte de Santander dejó en firme el fallo que los sanciona con una destitución e inhabilidad por 10 años.

Los hechos que motivaron la decisión están relacionados con la declaratoria de una urgencia manifiesta que hizo el gobernante por perturbación del orden público, sin contar con los requisitos legales exigidos para tal fin y por haber omitido enviar la documentación en que fundamentó dicha determinación (los contratos celebrados) a la Contraloría Departamental. 

De acuerdo con la investigación, haciendo uso de esta figura, Muñoz Ruiz celebró un contrato, el 26 de febrero de 2013, por valor de $109 millones, cuyo objeto fue la compraventa de motocicletas con destino a reforzar la labor de la Policía Nacional en Puerto Santander.

La Procuraduría le reprochó que a pesar de la grave situación de inseguridad que se registró en su momento en ese municipio metropolitano, como consecuencia de varios atentados perpetrados, el mandatario no pudo acreditar que la preservación del orden público a cargo de la Policía estuviera en peligro de ser interrumpida o que se pudiera garantizar con la adquisición de las motocicletas. 

“Una cosa es garantizar que no se interrumpa la prestación del servicio y otra bien diferente es que busque reforzar la prestación del mismo. Por eso, esta declaratoria de urgencia manifiesta no se adecuó a las previsiones exigidas por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993”, consideró el procurador regional, Juan Carlos Bautista.

En el fallo de segunda instancia, el representante del Ministerio Público advirtió que con su proceder, el alcalde de Puerto Santander vulneró injustificadamente su deber, al afectar principios de la administración pública como la igualdad e imparcialidad.

Por esta razón, la Procuraduría determinó calificar su falta como “gravísima, cometida con culpa gravísima”, y en ese sentido lo sancionó con la destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años.

Por este caso, el procurador regional había sido denunciado en abril pasado, al omitir una suspensión que había sido proferida contra el gobernante porteño.

Esto por cuanto, si bien la Procuraduría Provincial había fallado en contra de Muñoz Ruiz y ordenado su destitución e inhabilidad, al pasar a la Procuraduría Regional, a cargo entonces de Janeth Cecilia González Cabrera, esta decidió variar la sanción por una suspensión de un mes y medio.

Al asumir Bautista este despacho, el funcionario elevó una consulta al procurador auxiliar para asuntos disciplinarios para determinar si era correcto o no lo que se había hecho y el proceso fue devuelto a la Procuraduría Provincial, donde surtió nuevamente el trámite. 

La Opinión se comunicó con el alcalde sancionado, quien aseguró que hoy se pronunciará sobre su situación. Recientemente, José Eriberto Muñoz, había anunciado la conformación de una asociación de alcaldes perseguidos, integrada por los gobernantes de Chinácota, Pamplonita, Puerto Santander, Gramalote y Chitagá.

Lo que viene

De acuerdo con la normatividad vigente y teniendo en cuenta que la vacancia en la Alcaldía de Puerto Santander se registra faltando poco menos de dos meses para la terminación del periodo, no habrá lugar a la convocatoria de una nueva elección, sino que, por el contrario, será el gobernador Edgar Díaz Contreras el encargado de designar el reemplazo para lo que resta del mandato.

Para ello, el partido por el cual fue elegido José Eriberto Muñoz Ruiz, es decir el Movimiento Político Afrovides, deberá enviar una terna de la cual será elegido el sucesor del saliente alcalde.

La Procuraduría deberá, en los próximos días, notificar de la decisión al mandatario departamental para que este proceda con la designación de un encargado.

*La Opinión