Víctimas y opositores venezolanos han presentado una solicitud para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su país por "delitos de lesa humanidad", anunció este miércoles en Madrid el opositor Carlos Vecchio.

"Presentamos formalmente una solicitud para que la Corte abra un examen preliminar contra altos funcionarios, particularmente con Maduro, porque consideramos que se han cometido delitos de lesa humanidad", dijo Vecchio en una rueda de prensa, acompañado por el abogado Juan Carlos Gutiérrez.

En La Haya una fuente de la CPI confirmó la presentación de la solicitud ante la fiscalía, que si la admite abrirá un proceso para recabar información y ver si hay materia para un caso.

"Estamos convencidos de que se reúnen los requisitos que establecen el estatuto de Roma para decir que estamos ante un caso de crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con asesinatos, torturas, detenciones ilegales, persecuciones, tratos inhumanos", explicó Vecchio, coordinador del partido Voluntad Popular del opositor Leopoldo López.

La petición, que se ha formulado en nombre de un grupo de víctimas dentro de las que se ha incluido el propio Vecchio, va dirigida principalmente contra un grupo de ocho altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, afirmó el líder opositor, sin querer dar mayores detalles sobre los mismos "por razones de confidencialidad" y estrategia judicial.
   
Comportamiento sistemático
       
A menos de un mes para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, Vecchio defendió la presentación de la solicitud y su urgencia, por las declaraciones de Maduro el 30 de octubre afirmando que ante la posibilidad de una mayoría opositora en el parlamento tras los comicios, como auguran varias encuestas, "nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa".

El mandatario venezolano, que simultáneamente llamó al diálogo con la oposición, añadió que gobernaría en "unión cívico militar", una alianza a la que exhorta en casi todos sus discursos.

La solicitud ante la CPI es una forma de llamar "la atención a nivel internacional sobre este ambiente que ha planteado Nicolás Maduro, prácticamente de un llamado a la violencia en caso de un triunfo nuestro", dijo este miércoles Vecchio, quien huyó a Florida, después de que la justicia venezolana emitiera una orden de detención por conspiración.

La petición denuncia "un comportamiento sistemático, generalizado, por parte del Estado venezolano, de distintas instituciones (...) dirigidas estructuralmente a atacar, a producir daños contundentes y efectivos sobre cualquier foco de disidencia o de mera crítica al gobierno nacional", explicó Gutiérrez, abogado de Leopoldo López.

El informe presentado a la fiscalía de la CPI incluye informaciones sobre más de 30 presuntos homicidios, 3.700 detenciones que la oposición considera ilegales, cerca de 400 supuestos casos de tortura, y unas 800 personas heridas, así como 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos desde febrero de 2014 hasta la actualidad.
       
Sin justicia
       
"Destacamos también que no existe la posibilidad de tener justicia en Venezuela", afirmó Vecchio, asegurando que acuden a un tribunal internacional porque "el sistema judicial se ha convertido en una herramienta del gobierno para esa persecución" de la oposición, como evidencian, según él, las declaraciones del exfiscal Franklin Nieves.

Nieves, que huyó a Estados Unidos, aseguró que recibió presiones durante el juicio contra Leopoldo López, condenado a casi 14 años por incitar a la violencia durante unas protestas en 2014, que causaron 43 muertos.

La fiscalía de la CPI, que no está autorizada a comentar las demandas presentadas, suele tardar entre tres y seis meses en decidir sobre las peticiones, según Gutiérrez, que también explicó que habrá que ver si resuelve esta solicitud por separado o conjuntamente con otras presentadas contra Venezuela.

Colombia presentó una por el conflicto fronterizo con Venezuela, mientras que un grupo de dos centenares de parlamentarios de ocho países latinoamericanos presentaron otra el pasado año por "crímenes de lesa humanidad".  

Madrid | AFP