La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que solicitó a Venezuela dictar medidas cautelares a favor de las familias de los encarcelados dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, tras considerar que su vida está en "riesgo".
 
Seis meses después de pedir medidas cautelares para los opositores, la CIDH extendió la protección a sus esposas Lilian Tintori y Patricia Ceballos, y sus respectivos hijos, señalando que sus "derechos a la vida y la integridad personal" se encontrarían en una "situación de riesgo".
       
Ese riesgo se "habría incrementado durante los últimos meses, a la luz de un alegado clima de polarización", y la presunta continuación de actos de intimidación y violencia contra las familias de los opositores, afirmó el ente regional.
       
La CIDH también otorgó medidas cautelares a favor de cuatro defensores de derechos humanos de la organización civil venezolana Provea, alegando que sus vidas corren peligro.
       
Las medidas a favor de Tintori y Ceballos, que fueron solicitadas a Caracas el 12 de octubre, contemplan que el gobierno venezolano tome acciones para garantizar la vida y la integridad de las dos mujeres y sus hijos (siete personas en total).
      
El gobierno venezolano deberá coordinar esas acciones con Tintori y Ceballos, convertidas en activistas por la liberación de sus esposos, e informar sobre su adopción a la CIDH, un órgano autónomo de la OEA, en un plazo de dos semanas, con actualizaciones periódicas, señaló la Comisión.
       
La CIDH había solicitado en abril medidas cautelares a favor de López y Daniel Ceballos, detenidos por los hechos de violencia durante unas manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro en 2014.
       
Pero hasta entonces la Comisión, con sede en Washington, afirma que no ha recibido información del gobierno venezolano sobre la adopción de medidas de protección para los políticos.
       
López fue sentenciado en septiembre a casi 14 años de cárcel bajo acusaciones de incitar a la violencia durante las protestas que dejaron 43 muertos.
       
Respecto a Provea, la CIDH señaló que los activistas serían víctimas de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por su rol de defensores de derechos humanos y sus criticas a la situación de derechos humanos en el país suramericano.

*WASHINGTON,   (AFP)