Antes que pensar en desarrollar su agenda propia de gobierno, el alcalde electo de Cúcuta, César Rojas Ayala, deberá, primero, entrar a decidir sobre aquellas cuestiones que no tendrán un desarrollo y un final feliz en la administración que está por terminar.

Temas que, en unos casos, abren serios interrogantes frente a lo que debe ser el  rumbo que emprenderá la capital nortesantandereana en dos meses cuando asuma la nueva administración, y en otros, de especial atención frente a la amenaza que representan para el marco jurídico y financiero del municipio.

Pero quizás mucho más imperioso y determinante para la ciudad que estos asuntos, el nuevo mandatario deberá jugársela y hacer movimientos de ajedrez en un tema que recién asalta a Cúcuta: el cierre de la frontera.

El nuevo perfil

Dos meses después de producido el cierre de la frontera con Venezuela por parte del presidente Nicolás Maduro, Cúcuta aún no se sacude de este golpe que tiene dando vueltas la cabeza de propios y extraños, en especial por el gran desafío que le impuso en el plano económico y social, como es el de desprenderse de la marcada dependencia hacia el vecino país.

Rojas deberá trazar, en este orden, un plan de corto, mediano y largo plazo para conducir la ciudad hacia un modelo sostenible que ofrezca soluciones en materia de empleo, generación de empresas, conectividad y mejoramiento del tejido social.

En esto, todo está por hacerse, máxime en momentos en que el país está por decidir el tema de la paz con la guerrilla de las Farc y a partir de eso, la agenda para encarar el posconflicto.

El nuevo alcalde se enfrentará a una bomba a punto de explotar: la informalidad, originada por la llegada en masa de unos 19.000 connacionales que salieron obligados de Venezuela y por la presencia en la ciudad de unas 10.000 familias que ganan su sustento de las ventas ambulantes y de gasolina en pimpinas.

En lo primero, la cosa es bien grave como quiera que la mayoría de invasiones se generaron en las tierras que tenía habilitadas la administración municipal para el desarrollo urbanístico. ¿Cómo liberar esos terrenos y dar una solución de vivienda a las familias invasoras? ¿Qué plan ofrecer a los pimpineros y a los vendedores ambulantes?. Eso lo deberá responder el alcalde elegido.

^{La informalidad en materia de urbanismo será otra de las piedras en el zapato con las que deberá lidiar a partir del primero de enero el nuevo mandatario de los cucuteños.}

Proyectos estancados

La administración de Donamaris Ramírez no logró avanzar en lo que se considera dos de las soluciones más apremiantes que requiere Cúcuta, sobre todo por tratarse de problemas sentidos en materia de movilidad y seguridad: la modernización del alumbrado público y de la red semafórica.

En sendos debates en el Concejo ambas iniciativas fueron hundidas por considerarse que no reunían todos los elementos técnicos y financieros para su ejecución en una inversión que supera los $500.000 millones.

En la actual administración, el Concejo no concibió que el alumbrado público se modernizara, más allá de los $30.000 millones de ahorro que tendría la ciudad por compra de energía, alargando para ello a diez años la actual concesión que finaliza en 2017. 

El cabildo tampoco vio con buenos ojos que el hecho de que el manejo del tránsito de la ciudad se entregará a una alianza pública privada, incluido el recaudo de las multas por comparendos.

Otra tarea que no se cumplió y que deberá decidir de entrada el nuevo alcalde, es la instalación de la nueva nomenclatura que produjo, en 2014, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La ciudad mantiene un caos de más de cinco décadas en el tema de direcciones. Hoy, son cerca de 25 nomenclaturas por las que se rige la capital nortesantandereana.

Asimismo, frente a la polémica que se ha generado en torno a cuál proyecto -Cínera o Acueducto Metropolitano- es más conveniente para garantizar el suministro de agua para  Cúcuta y el área metropolitana, el nuevo alcalde tendrá que fijar una posición de entrada sobre el desarrollo  de esta obra (el acueducto), ya aprobada con una inversión cercana a los $380.000 millones.

La actual administración también dejó en suspenso proyectos como el del centro de convenciones para Cúcuta y la terminal de transportes, con la que se aspira a modernizar y dignificar este servicio en la frontera.

De la primera iniciativa solo quedan listos los diseños estructurales y los estudios de ingeniería, pero se requieren cerca de $44.000 millones para llevarlo a cabo. Del segundo proyecto solo se levantaron columnas y se construyeron las vías, pero para culminarlo se requiere que la Alcaldía adicione más capital a la sociedad o por el contrario, que la liquide.

Deuda y líos jurídicos

Uno de los temas más trascendentales para el nuevo alcalde tiene que ver con la deuda pública, que asciende a unos $50.600 millones, de los cuales $40.000 millones corresponden a los créditos de la malla vial.

Esto le representará al  gobierno de Rojas, que se instalará el primero de enero del año entrante, una piedra en el zapato para emprender ejecutorias propias de su plan de gobierno, debido a que la actual administración prorrogó el plan de desempeño hasta  2023, el cual antes estaba hasta 2017.

A esto se suman los líos jurídicos que están en trámite y que corresponden a millonarias demandas ya falladas en contra del municipio, como la que se perdió con Proactiva S.A. por una cuantía de $18.000 millones, sin incluir intereses, y la del parqueadero Los Coches, por $23.000 millones.

El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio ordenó al municipio a pagar esta suma a los hermanos Esmeralda, Jackson y Efraín Fuentes, herederos de Efraín Fuentes, dueño del parqueadero Los Coches y fallecido en 2011.

Le queda al nuevo alcalde entrar a defender y sustentar el no pago de estas demandas que, de mantenerse en firme, le producirán un enorme hueco a las finanzas locales.

En el departamento

William Villamizar Laguado, gobernador electo de Norte de Santander, deberá hacer frente a diferentes tareas que quedan no solo tras cuatro años de la administración de Edgar Díaz, sino con las expectativas del Gobierno nacional hasta 2018, de acuerdo con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo: paz, equidad y educación.

En este sentido, uno de los aspectos más relevantes, será su capacidad de respuesta para abordar el posconflicto en la región, debido a la fuerte presencia que tienen todos los actores del conflicto armado en esta zona del país. 

Además, con los avances que se den con el Eln, la administración que asume el primero de enero de 2016 tendrá que visibilizar los problemas que han vivido los nortesantandereanos por sus acciones armadas, acompañar y representar a las víctimas, y establecer diversos mecanismos de reconciliación, a la vez que deberá promover algún tipo de acuerdo con el reducto del Epl que se ubica en el Catatumbo.

En este sector, históricamente olvidado, el mandatario habrá de acompañar las mesas de interlocución y acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) debido a que quedan más del 80 por ciento de los pactos por cumplir, los cuales surgieron tras el paro campesino del 2013.

De otro lado, le queda el cierre de la frontera que, de mantenerse, obligará a seguir impulsando la premisa de que es necesario dejar de depender de Venezuela, además de erradicar el contrabando que sigue ingresando por las trochas que comunican a Norte de Santander con Venezuela.

En materia educativa, una de las metas con más alto cumplimiento en el Plan de Desarrollo departamental por cobertura y mejoramiento de la calidad, recibirá los tres megacolegios de La Gabarra, Ábrego y La Parada en los que deberá incrementarse el acceso al derecho a la educación para las comunidades más pobres y vulnerables.

También le queda pendiente la garantía de derechos y protección a las comunidades indígenas, Rom y afrodescendientes, en el mejoramiento de sus condiciones de vivienda, saneamiento básico, salud, y enfoque diferencial pero incluyente.

El apoyo a la construcción del acueducto metropolitano y simultáneamente al embalse del Cínera son proyectos que deberán hacer parte de su visión de desarrollo del área metropolitana de Cúcuta, y para ello tendrá que liderar otras iniciativas interinstitucionales como el pago por servicios ambientales para la protección de los páramos y ríos.